Por Alvaro Reyes y Joma Gálaga
Un día antes de ser atacada, la fiscal de Medio Ambiente de La Libertad, Lastenia Acuña, contestó con desconfianza una llamada telefónica de Perú21. Este diario buscaba una entrevista para conocer a fondo la situación de la minería ilegal en la región y quiénes eran los principales cabecillas. Acuña estaba incrédula.
¿Se trataba realmente de un periodista o era un informante de las bandas que extraen el oro indiscriminadamente? A ese nivel llegaban sus sospechas. “No tengo autorización para hablar”, dijo a la defensiva. Horas después sería víctima de lo que tanto temía.
El pasado jueves, la fiscal y una patrulla policial fueron agredidos brutalmente por un grupo de mineros ilegales que impidieron su paso hacia el ‘Bosque Polo’. El ataque no sucedió en la peligrosa Pataz, el centro neurálgico de la minería ilegal, sino en Huamachuco, a dos horas en auto.
Acuña se dirigía a realizar una inspección en el lugar, propiedad de Fernando Polo Espejo, debido a las denuncias que alertaban del uso de explosivos para abrir socavones.
Apenas vieron a las autoridades, los delincuentes se les fueron encima. Arrebataron el celular a la fiscal Acuña, arrojaron piedras al patrullero que la custodiaba y pincharon las llantas de la camioneta del Ministerio Público. Al mismo estilo de una organización criminal.
Pero no era la primera vez que sucedía algo así en la propiedad de Polo Espejo. A fines de enero, cerca de 40 sujetos armados secuestraron a dos funcionarios de la Gerencia Regional de Minería e Hidrocarburos de La Libertad que se acercaron para supervisar la zona.
Los servidores públicos contaron luego que los despojaron de sus pertenencias y fueron amenazados con ser calcinados si no se retiraban de ese territorio.
Un equipo de Perú21 llegó a Huamachuco, en la sierra de La Libertad, para constatar la expansión de la minería ilegal. Y es cierto. Pataz es hoy el rostro del descontrol, el crimen y la depredación. No obstante, a sus alrededores van surgiendo sus satélites, que se perfilan a tener el mismo destino.
Minería sin freno
Desde el cielo, con la vista de un drone, el ‘Bosque Polo’ parece eso: un frondoso espacio lleno de árboles verdes, a 4 mil metros de altura, que adorna los paisajes de Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión.
Pero con un acercamiento se puede notar un área de tierra donde una covacha oculta las herramientas para la minería ilegal, como costales, carretillas y cilindros.
A solo unos metros de distancia está el estrecho socavón, que se extiende debajo del bosque, donde los mineros vinculados a la familia Polo arriesgan sus vidas para extraer el mineral precioso.
Para separar la tierra del mineral, los mineros ilegales realizan unos pequeños agujeros en el cerro que sirven de poza.
Sobre esos hoyos extienden una lámina de plástico, meten la tierra y ahí mismo lo procesan con carbón.
En esta fase usan el cianuro sin ningún control. Este reactivo venenoso permite separar el oro de la tierra. Al terminar de procesar, los mineros botan los residuos al suelo —sin importarles la contaminación— para reutilizar la poza.
En el mercado internacional, una onza de oro puede superar los US$1,800, razón suficiente para que personas inescrupulosas den rienda suelta a su ambición.
Según datos de la Policía Nacional, en La Libertad existen aproximadamente cinco mil mineros ilegales, una cifra que está en ascenso. Y, de acuerdo a la misma PNP, solo hay 261 mineros acreditados y formalizados.
Al lado del ‘Bosque Polo’ está el tajo abierto de la minera Summa Gold, una compañía formal que ha denunciado las ilícitas actividades de Fernando Polo.
La Fiscalía Mixta de la provincia de Sánchez Carrión abrió una investigación el último 15 de enero con la información que la empresa ha proporcionado y en la que se ha identificado la manera en que operan los ilegales.
Pedro Polo Lozano, hijo de Fernando Polo, es el encargado de “estructurar las operaciones y realizar las coordinaciones de ingreso y salida de los camiones de carga” con el oro extraído.
Jorge Espejo Moreno y Eucebio Valverde Mauricio “financian” estas operaciones y contratan al personal. Y Gustavo Bobadilla Bobadilla, según al disposición fiscal, es el que presta el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para darle legalidad a su actividad criminal.
Todo ese procedimiento ha quedado grabado en videos que están en manos del Ministerio Público.
El Reinfo es una autorización que otorga el Estado para promover la formalización. Sin embargo, al no tener mayor fiscalización, este permiso es rotado entre mineros ilegales.
Con ese documento, cualquiera puede adquirir explosivos, como la dinamita, y otros peligrosos insumos que exponen la vida de las personas y del mismo ambiente si no son usados correctamente.
Y no es la única denuncia. En octubre de 2023, los dirigentes del caserío de Coigobamba alertaron a la Prefectura de Sánchez Carrión que “personas que se dedican a la minería ilegal” realizaban disparos con armas de fuego en los predios de Polo Espejo.
Esta actividad ilícita no solo es una amenaza al medioambiente, también a la tranquilidad y vida de los comuneros.
Quiruvilca deshauciada
En la zona de Quiruvilca, en la provincia de Santiago de Chuco, las covachas de mineros ilegales se lucen en los cerros de la localidad a vista de todos.
En la carretera circulan libremente camiones y motos que cargan costales de tierra. Tanto al ingreso como a la salida del pueblo se pueden ver al lado de la vía a personas extrayendo minerales de los suelos sin ningún control.
“La minería ilegal en Quiruvilca empezó a acrecentarse desde 2018, y cada año en aumento; son varios los factores que lamentablemente han dejado desarrollar esto. Nuestras autoridades inoperantes y desde el Gobierno no han venido a inspeccionar”, señaló a este diario el presidente de las rondas campesinas del lugar, Renee Altamirano.
Quiruvilca está a tres horas en auto de Pataz y a tres de Trujillo, la capital de La Libertad. Huamachuco está en la misma ruta.
Pero pese a su creciente depredación han pasado desapercibidos para el gobierno de Dina Boluarte. Esta semana, el Ejecutivo declaró estado de emergencia por 60 días en Trujillo y Pataz, pero ha ignorado estas zonas que están a merced del crimen y el delito.
Tenga en cuenta
-Perú21 buscó comunicarse con Fernando y Pedro Polo, padre e hijo, sindicados de desplegar la minería ilegal en Huamachuco. No obstante, no contestaron las llamadas telefónicas.
-En Huamachuco, las autoridades temen que localidad se convierta en el nuevo Pataz.
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