El juez superior Jorge Chávez acogió en parte el recurso interpuesto por el líder de Podemos, José Luna Gálvez, y ordenó a la fiscal Sandra Castro que deje de denominar como ‘Los Gangsters de la Política’ al caso que tiene en manos.
Chávez concluyó que la atribución de ese nombre a todos los investigados constituye una vulneración “al derecho a la dignidad”, ya que no se ha emitido aún una sentencia que confirme esa condición.
“En caso de insistir con estas denominaciones, comunicarse inmediatamente a su órgano de control y por esta sede judicial proceder conforme a las facultades sancionatorios del artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, indica la resolución.
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El artículo 9 de la norma indica que el juez puede imponer sanciones, multas, pedidos de suspensión o destitución, o solicitar sanción a todas las personas que “se conduzcan de modo inapropiado, actúen de mala fe, planteen solicitudes dilatorias o maliciosas”.
No obstante, el magistrado rechazó el pedido de Luna para desestimar los testimonios que la fiscal Castro recabó “en secreto”. El actual candidato al Congreso alegaba que debió participar del interrogatorio a los colaboradores eficaces.
El juez Chávez Tamariz argumentó que cuando los testigos declararon, el caso era preliminar y no registraba ningún imputado en concreto. “(...) las diligencias agotadas en sede preliminar son irrepetibles”.
Luna Gálvez cumple arresto domiciliario. Es investigado por presuntamente haber pagado sobornos a exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que designen, en 2017, a Adolfo Castillo como jefe de la ONPE. De esa manera, según la hipótesis, habría conseguido que se encamine la inscripción de su organización política para participar de elecciones.
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