Entre gallos y medianoche, el Congreso de la República pretende aprobar hoy en el Pleno un dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor sobre los medicamentos genéricos y la obligatoriedad de stocks mínimos para las farmacias.
Una decisión a la que se llegó sin mayor sustento técnico y sin reparar en los efectos negativos que a la larga representará para la salud de los peruanos y para la subsistencia de miles de negocios dedicados al rubro, incluyendo, desde luego, los puestos de trabajo que estos generan.
Se llega a esta instancia porque la Junta de Portavoces, en su última sesión, exoneró la propuesta del debate en la Comisión de Salud. Una maniobra injustificable porque es en el grupo de trabajo especializado donde se debió terminar de debatir primero el tema antes de pasar al Pleno.
Esta comisión ya venía realizando sesiones con todos los actores involucrados, algo que no ocurrió en Defensa del Consumidor. Es más, se sabe que la Comisión de Salud ya había agendado para esta semana la discusión de los diversos proyectos que existen al respecto, por lo que el único móvil para saltarse a la mala esa imprescindible etapa del proceso normativo de las leyes es el pertinaz e irresponsable afán de ciertas bancadas de ganarse el aplauso inmediato o la aceptación popular, aunque tampoco se descarta que pudieran existir otro tipo de intereses.
Por este apresuramiento, el dictamen que se está llevando al Pleno podría generar un efecto distinto al que se intenta lograr. Y no es difícil adivinar por qué: se trata de un dictamen elaborado por una instancia que conoce problemática de la salud pública solo de manera superficial, es decir, por un grupo de parlamentarios que carecen del más mínimo sustento técnico para legislar sobre una materia tan compleja y crítica como es la salud pública.
No es la primera vez que este Congreso, y en especial la Comisión de Defensa del Consumidor, se deja llevar por la política y el populismo, desestimando la opinión y el análisis de las entidades técnicas. Lo ha hecho antes con los ahorros previsionales, con la educación pública, con la minería ilegal, con los topes a las tasas de interés bancario… la lista de normativas populistas o al servicio de intereses ajenos a los del bien común, es extensa.
De ser promulgada, el impacto que tendrá esta ley en los consumidores, específicamente en los sectores más vulnerables de la ciudadanía, será, otra vez, destructivo.
Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.