La minería formal, la que aporta al PBI y genera empleo, está desprotegida, desamparada. El Gobierno sigue sin hacer nada, mientras los grupos criminales vinculados a la minería ilegal continúan su asonada de ataques.
El terrorismo ha vuelto a ensañarse con la minera Poderosa y la madrugada de ayer la voladura de una torre de alta tensión en el caserío Santa Rosa, distrito de Chugay, provincia de Sánchez Carrión, provocó la afectación de la línea de transmisión LT 6050 de 60 kV que conecta el Sistema Eléctrico Nacional (SEIN) con la unidad minera ubicada en Pataz, suspendiéndose sus operaciones por falta de energía eléctrica. Fueron los ronderos quienes se percataron de la explosión y confirmaron el derrumbe de la torre.
Un nuevo ataque a la minería formal que comprueba el avance de quienes con base en el terror pretenden tomar el control de la zona y operar al margen de la ley y sin restricciones y ante la pasividad de un Gobierno que arruga ante el accionar de estas mafias tan igual como en su lucha contra la delincuencia y la criminalidad.
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La empresa minera informó que desde el año 2022 la delincuencia ha derribado unas 15 torres y que los ataques hacia sus instalaciones han dejado 17 personas fallecidas. Este es el cuarto atentado en los últimos cinco meses.
“Lamentablemente, la presencia significativa de efectivos del orden en Pataz no se ha concretado en un importante programa de interdicciones a las operaciones de los mineros ilegales, que siguen actuando con impunidad, amparados por el Reinfo”, detalló en un comunicado.
La minera exhortó al Congreso a legislar en favor de los intereses del país y no de la minería ilegal. En marzo, último el Pleno aprobó derogar una disposición que permitía a la Policía enfrentar la tenencia ilegal de explosivos en personas cuya inscripción en Reinfo esté suspendida.
LAVADA DE MANOS
Pero como si el atentado le fuera ajeno o poco importante, el Gobierno pretendió lavarse las manos aclarando que el ataque se registró en una zona que no está declarada en estado de emergencia. Sánchez Carrión es colindante a la provincia de Pataz, donde sí se mantiene esta medida de excepción y que en los últimos meses está sometida al terror de estos grupos criminales. El atentado se produjo a solo 7 kilómetros de esta provincia.
El Ejecutivo tampoco parece tener clara la información sobre el ataque. Walter Ortiz, titular del Interior, indicó ayer, tras el Consejo de Ministros, que la Policía está trabajando en la ubicación y captura de los responsables. El premier Gustavo Adrianzén, por su parte, aseguró que ya había personas detenidas. Lo que es peor: en su encuentro con la prensa ninguno de los dos condenó el atentado. Una vergüenza.
La que sí rechazó este ataque fue la Cámara de Comercio de Lima, que mostró su preocupación ante la inacción de las autoridades frente a estas reiteradas acciones terroristas e instaron al Gobierno y otras autoridades “a implementar medidas efectivas e inmediatas para combatir estos actos delictivos que perjudican gravemente el pleno desarrollo de la actividad económica y la confianza de inversores”, se lee en el comunicado bajo el título ‘Basta de violencia’.
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