A cuatro años de la pandemia del COVID-19, las huellas de la indolencia presidencial y su ineficiente entorno no son olvidadas por la población. Martín Vizcarra convirtió al Perú en uno de los países con más víctimas mortales por el coronavirus: más de 200 mil. Hoy, el 39% de peruanos lo sindica como responsable de las muertes, vergonzosa “distinción” que comparte con los gobiernos y congresos nacionales anteriores y autoridades regionales.
Una encuesta nacional realizada por Ipsos para Perú21 revela que el 40% de encuestados considera que el mayor responsable de las muertes por el coronavirus son los gobiernos anteriores “porque no organizaron bien el sistema de salud”. Muy cerca, en segundo lugar y con apenas un punto porcentual menos, 39%, se ubica Martín Vizcarra, quien —se recuerda— se inmunizó a escondidas junto con su esposa, su hermano y dos de sus ministras, mientras en los hospitales y calles miles clamaban por atención médica.
Según el estudio, otro 36% responsabiliza a los gobiernos regionales “porque no invirtieron bien en los hospitales y centros de salud regionales”. Finalmente, un 32% señala a los congresos anteriores por no darle suficiente presupuesto al sector Salud.
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MALA GESTIÓN
Antonio Pratto, integrante del denominado Comando Vacuna que aglutinó los esfuerzos del sector privado en busca de una salida a la crisis sanitaria, recordó —en el suplemento especial publicado por este diario el 17 de marzo último—, que solo la presión mediática logró que en esa coyuntura el ministro de Salud, Víctor Zamora, les dé una cita.
“Se reunió con nosotros de manera virtual, se presentó, estuvo cinco minutos y nos dejó con su Comité de Expertos unos quince minutos más. Nunca más quisieron hablar con nosotros… El Comité de Expertos del Ministerio de Salud sacaba pecho, pero para mí eran un desastre…”, reseñó Pratto, quien formó parte del Comando Vacuna junto con el ingeniero Raúl Delgado Sayán, Carlos Neuhaus y el epidemiólogo Luis Suárez.
COMISIÓN DE LA VERDAD
En 2021, se recuerda, el Parlamento vacó a Vizcarra y lo inhabilitó por 10 años para el ejercicio de la función pública por inmunizarse contra el COVID-19 de manera irregular y a espaldas de la población.
La denuncia constitucional presentada en su contra en abril de 2023 por el Ministerio Público por ese mismo hecho, sin embargo, no ha corrido la misma suerte y avanza a paso lento, por lo que bien se haría en constituir una Comisión de la Verdad que dilucide el tema. Una comisión, al estilo de la ex-CVR, que documente todo lo que ocurrió y sindique a los responsables del mal manejo.
Tenga en cuenta
El último martes, la Comisión Permanente le dio un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue la denuncia constitucional contra Vizcarra por el presunto delito de concusión.
Según el Código Penal, el delito de concusión sanciona hasta con 10 años de cárcel al funcionario público que obliga o induce a una persona a favorecerlo.
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