Las primeras dos preguntas de esta entrevista fueron hechas tras la destitución de Patricia Benavides. El resto de la conversación se realizó el martes 21 de mayo y dejó un panorama para analizar.
La JNJ destituyó a la fiscal de la Nación.
Es una decisión dentro de las competencias de la JNJ. Venían investigando esto hacía meses. Es el funcionamiento normal de la JNJ. En las dos últimas semanas la JNJ tomó dos decisiones que estaban dentro de sus competencias: no renovar al jefe de la ONPE y destituir a la fiscal de la Nación. Hay un clima de crítica ante cada decisión que toma la JNJ. Pero no corresponde. Se le debería dejar cumplir sus funciones.
Fue crítico con el voto contra el exjefe de la ONPE.
Nosotros no opinamos sobre la decisión. Y en este caso, tampoco. No es lo que estamos observando. Lo que está claro es que la JNJ actúa en los casos de su competencia. Gusten o no sus resultados.
¿Su diagnóstico?
Hemos estado una semana de trabajo en Lima. Nos hemos reunido con distintos actores vinculados al proceso de designación de autoridades de la JNJ. Desde la Cancillería, pasando por la propia JNJ, el Colegio de Abogados, la Defensoría del Pueblo, el sector empresarial, el sector de las ONG, en fin. Todos los actores involucrados en el proceso. Lamentablemente, le pedimos una reunión al Congreso, pero no nos la ha otorgado.
¿Conclusiones?
Es un proceso clave para la independencia y autonomía de las autoridades judiciales. Se requiere de un escrutinio y un proceso claro. No ha comenzado a sesionar la comisión de designación. Nos anunciaron que se hará a partir de julio. Esta comisión deberá dictar un reglamento, establecer las pautas para postular y explicar los perfiles a buscar con la máxima transparencia. Hay un contexto complejo para la justicia en el país. El Congreso está accionando para destituir parcial o totalmente a los integrantes de la JNJ. Y hay un proyecto de ley, que ya pasó el filtro de comisión, que la disolvería y crearía una escuela. Esto podría dejar sin efecto el proceso de selección. Ahí manifestamos preocupación. La JNJ fue producto de una ratificación popular por una mayoría importante. Puede ser perfectible. Pero no nos parecía hacerlo en un periodo tan breve, sin consulta a los actores interesados, y con ánimo de que la JNJ no exista más. Más aún si hay congresistas investigados por presuntos hechos de corrupción.
¿Qué preocupa? El Congreso hace control político.
Es un conjunto de cuestiones. Observamos que hay una mayoría del Congreso que lo que quiere es que la JNJ no funcione. Y cuando uno ve los procesos que se abren, tienen que ver con cuestiones leguleyas. Hay que ser un ingeniero jurídico para seguirlos, pero tienen que ver con la edad, que si puede o no, que la interpretación constitucional...
Se refiere a la edad de la magistrada Inés Tello…
Pero en el fondo es la búsqueda de la desintegración de la JNJ. No se ratificó al funcionario de la ONPE. Cuando nos reunimos con organismos internacionales y nacionales, fue unánime que se renovaría su mandato, porque había cumplido de forma imparcial un periodo sin denuncias con sustento. El Congreso quiere ser quien defina las autoridades judiciales y electorales. La JNJ se ha convertido en un botín político. No es nuestra labor asignar responsabilidades o motivaciones espurias. Pero Perú ingresa a un proceso muy complicado.
Pasar de mayoría relativa a absoluta se prestó a suspicacias. Pero también hubo críticas desde la izquierda por “topos” de la JNJ.
Creo que no es nuestra función definir las motivaciones políticas detrás. La JNJ funcionó durante tres o cuatro años con una mayoría consolidada. Usted lo dijo, da lugar a suspicacias porque se abren procesos para interferir en la mayoría que tenía la JNJ, por ahí nos quedamos. Porque hay toda una confusión y cantidad de recursos cruzados que se presentan. La jurisdicción nacional tiene que resolverlo. Eso no lo vamos a poder resolver ni es nuestra misión.
Se politizó el proceso.
Exacto. Por la polarización que hay en el país y por la cantidad de casos políticos judicializados… Y también porque obviamente se juegan muchas cosas. La reflexión es que hay un estado de politización que hace muy complejo el proceso.
¿Vio antes la polarización?
Hemos trabajado en Honduras, Ecuador, México. Hay polarización a todo nivel, es innegable. Pero en Perú los actores están dispuestos a llevar la sangre al río. A que no haya un mínimo de consenso. En Honduras se fue encausando y se establecieron reglas básicas donde hubo un acuerdo. Al final, los partidos definieron a los magistrados de la Suprema Corte y la Fiscalía. Se hizo público y transparente. No puede ser bajo la mesa.
Se habla de Guatemala.
La propia exfiscal general de Guatemala, quien estuvo en el grupo de observadores, habló del riesgo de la ‘guatemalización’, haciendo referencia a la fiscal Consuelo Porras, quien terminó siendo una especie de apéndice del oficialismo que puso en riesgo la elección y el cambio de mando.
TENGA EN CUENTA
Es exrelator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La MIO-Perú es integrada por Stephen McFarland, Thelma Aldana, Jaime Arellano y Edison Lanza.
“No estamos respondiendo a la agresividad ni a lo que nos han dicho en las redes sociales”, dice Lanza. Y en aras de la transparencia, explica que MIO-Perú está financiada por la Fundación para el Debido Proceso (Due Process of Law Foundation - DPLF) con sede en Washington.