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Congresistas de izquierda presentaron hoy una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Vicente Romero, debido a su “responsabilidad política” en la intervención policial en las instalaciones de la Universidad Mayor de San Marcos (UMSM),el 21 de enero.

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“(...) Al encontrarlo responsable político del abuso de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (...) demostrando falta de liderazgo y falta de idoneidad para conducir el cargo”, indica el documento al que accedió Perú21.

El titular del Interior se presentó el 9 de marzo ante el pleno del Congreso para responder un pliego interpelatorio por el megaoperativo, pero, dicen los congresistas, sus respuestas “no han sido satisfactorias”.

“Por lo que se advierte que los efectivos policiales que participaron en la referida intervención han vulnerado el Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial”, concluye la moción.

El documento es impulsado por la legisladora Katty Ugarte -exministra de Pedro Castillo- y algunos parlamentarios que la apoyan con su firma son: Víctor Cutipa, Sigrid Bazán, Edgar Tello, Ruth Luque, Esdras Medina, Susel Paredes, Guillermo Bermejo, Paul Gutiérrez, Flavio Cruz, Américo Gonza, entre otros.

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Toma de San Marcos

La Policía ingresó a la sede universitaria luego que, el 18 de enero, un grupo de estudiantes tomó la Puerta 3 a fin de apoyar a los manifestantes de diversas regiones que llegaron a Lima para participar en las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República. Se brindó a los protestantes un lugar para pernoctar dentro del campus.

Ante ello, el sábado 21 de enero, un gran contingente policial derrumbó una reja e ingresó con tanquetas a la San Marcos para desalojar a las personas que estaban en el interior de la universidad. Finalmente cerca de 205 personas fueron intervenidas.

Sin embargo, la UNMSM emitió un comunicado donde rechaza “la intervención de la Dircote en la Residencia Universitaria, que tuvo como prejuicio el daño material de la infraestructura y el agravio físico y psicológico a la comunidad de residentes sanmarquinos”.

De acuerdo al Ministerio Público, la intervención de la Policía tuvo base en un estado de “flagrancia delictiva” y en el estado de emergencia que regía en la capital por aquel entonces.

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