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El gobierno elegido en 2021 —primero Castillo y luego Boluarte— y el actual Congreso tienen responsabilidad por ahondar la degradación democrática. No solo se refleja por tener el menor apoyo ciudadano en el último tercio de siglo, sino por evidencia objetiva. The Economist, Freedom House, IDEA Internacional y V-Dem Institute coinciden en alertar sobre el avance hacia el autoritarismo y el retroceso en libertades civiles.

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Esta semana termina una nueva legislatura. La reelección de gobernadores y alcaldes y el aumento del número de congresistas, aunque impopulares, son avances para una mejor representación. Deberían ser complementadas con la reforma para impedir que sentenciados por delitos realmente muy graves hagan vida política y reformas que incentiven las alianzas y frentes en la próxima elección. Ambas con proyectos de ley ya presentes en el ciclo legislativo.

Pero también se puede profundizar la crisis. El Congreso plantea aprobar una serie de reformas que, aunque parten de un problema real, se convierten potencialmente en contrarreformas. Acá solo tres de alerta.

1. Reemplazar la JNJ por la Escuela de la Magistratura. Aunque es cierto que el sistema de justicia está en crisis, por pleitos, ineficiencias y arbitrariedades, y tener una escuela es positivo, la receta rompe el principio de independencia y no interferencia del poder político en el nombramiento y remoción de autoridades electorales. El FMI y ONU han levantado sendas alertas.

2. Eliminar los movimientos regionales. Aunque es cierto que los partidos políticos y los movimientos regionales pueden tener exigencias disímiles y que es vital fortalecer a los partidos nacionales, la receta elimina instantáneamente a una fuerza viva regional. Podrían haber elegido un sistema para incentivar las alianzas y buscar un proceso más ordenado en el tiempo.

3. Aprobar una ley de regulación de ONG. Aunque es cierto que, en principio, toda institución privada requiere una buena regulación, la receta no plantea una mejor regulación técnica e inteligente, sino que tipifica faltas y sanciones con ambigüedad otorgando un potencial control político discrecional para eventualmente silenciar, sancionar o cerrar asociaciones. Tiene elementos similares a la regulación de Venezuela, Rusia y Nicaragua. Dieciséis embajadas del primer mundo ayer han alertado sobre el proyecto.

Mientras que el primer grupo de reformas cuenta con respaldo ciudadano y técnico, el segundo ha tomado por sorpresa a muchos y su introducción se ha dado sin mayor debate ni deliberación. Potencialmente, distorsiona y debilita instituciones clave de nuestro ya frágil sistema democrático.

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