Un acuerdo de la Mesa Directiva del Congreso, que preside Alejandro Soto, le ha permitido al vocero de la bancada de Fuerza Popular, César Revilla, solicitar la contratación de un abogado pagado por el propio Parlamento para defenderse de una investigación fiscal.
Una dádiva similar que el propio Soto pidió con motivo de la investigación que se le sigue a él por el mismo tema: su presunta participación en la organización criminal ligada a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.
El monto que se le abonará al abogado de Revilla, con el dinero de todos los peruanos, será de 40,710 soles. La defensa legal de Soto, por su parte, requirió la bicoca de 70 mil soles.
Se entiende que existan normas que facultan al Estado a pagar la asesoría legal de funcionarios o exfuncionarios, pero corresponden a decisiones o acciones adoptadas en el ejercicio regular de su cargo. Pero lo que se está viendo en el expediente que se les ha abierto, son más bien actos posiblemente delictivos fuera del ámbito de su desempeño funcional, movidos solo por el beneficio propio.
Es realmente inconcebible que los congresistas, que gozan de una serie de gollerías como bonificaciones, aguinaldos y un sueldo mensual más que contundente, se permitan la prepotencia de acudir al erario nacional para protegerse de sus problemas con la justicia. Un abuso grotesco del cargo de poder que ocupan, pues cambian a su antojo las normativas que rigen para los trabajadores del Estado, en este caso los congresistas.
¿Qué es lo que sigue? ¿Que el Estado peruano solvente también la defensa de aquellos funcionarios públicos acusados de actos de corrupción? ¿Que los otros 13 legisladores investigados por su presunta participación en los tejemanejes de la exfiscal de la Nación también podrán acogerse a este oneroso privilegio?
Los ‘mochasueldos’, ‘los Niños’ de AP, también congresistas e investigados por el Ministerio Público por casos de sobornos, adjudicaciones de obras de infraestructura ¿podrán hacer uso igualmente de los dineros de las arcas públicas, a las que contribuimos todos los peruanos, para pagar a sus abogados?
Porque esa es la lógica de esta abusiva maniobra, que denota, por lo demás, un cinismo y una falta de ética pocas veces vista antes en un Congreso de la República.