SERVIR. Cuando en noviembre del 2008 se creó la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) se consideró positivo para el Estado y el administrado, ya que podía ser un camino para ofrecer una mayor calidad en el servicio estatal al utilizar concursos meritocráticos de una alta exigencia para la contratación de personal respetando los derechos de los trabajadores del sector público.
Sin embargo, pese a estar cerca a cumplir 13 años, desde su creación solo ocho de las 2,940 entidades del Estado se encuentran en la etapa final de transición al régimen Servir, 501 se encuentran en el proceso de tránsito y ninguna actualmente cuenta con todo su personal contratado bajo este régimen. Esta situación hace evidente que la labor de Servir no se ha iniciado con las entidades que más lo requieren.
Queda claro que lo que buscaba ser un camino de solución al problema que rodea a la contratación de personal del sector público no está funcionando. Pero ¿por qué?
Existen varias entidades estatales que, junto con sus trabajadores, se resisten a la transición, sea por su complejidad o porque garantizaría mayores estándares de control de ingreso de personal. Eso sin contar las cuatro que fueron retiradas de su ámbito de aplicación: la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS),el Banco Central de Reserva (BCR),el Congreso y el Poder Judicial.
En otras ocasiones, el progreso que se logra en alguna entidad regresa a cero cuando la administración de dicho organismo cambia. En su momento, Servir consideró que la migración al nuevo régimen tardaba más de lo que duraba una administración.
Por otro lado, paradójicamente, pareciera haber un problema de institucionalidad en la misma Autoridad Nacional del Servicio Civil, encargada de supervisar la transición al nuevo régimen laboral. El mes pasado el Gobierno nombró a una nueva presidenta ejecutiva de Servir, poniendo fin a la gestión de un año y seis meses a cargo de Juan José Martínez, pese a que Martínez aún debía ejercer su cargo por dos años y seis meses más. Sin haber dado una razón objetiva para esta decisión, pese a que la misma ley lo exige. Ello genera preocupación acerca de la institucionalidad de la entidad que se supone que debe garantizar la institucionalidad de las demás.
Migrar la totalidad del Estado al régimen Servir es un hito que debería beneficiar a todos. Sin embargo, pareciera que, entre la burocracia y la ineficacia de algunos funcionarios, una meta que debería ser clara se encuentra escondida tras un camino incierto.