AFP vs. políticos: ¿y los afiliados?

Periodista

Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) vivimos en medio de batallas periódicas entre las AFP, que defienden el sistema impuesto y sus reglas de juego; y políticos de turno que las tienen en la mira, sea porque buscan un beneficio electoral, o porque las consideran el símbolo de un sistema excesivamente rentista y abusivo.

Hoy asistimos a una nueva confrontación, luego del reciente enfrentamiento que buscaba que los afiliados retiren el total o la mayor cantidad de dinero de sus fondos para hacer frente a la pandemia y cuarentena.

Quien reta a las AFP en esta oportunidad -con evidente apoyo de la Presidencia del Congreso- es la congresista y candidata a la primera vicepresidencia por APP, Carmen Omonte, quien ha puesto muy nerviosas a sus contrincantes. Ha logrado lo que otros –incluido el Ejecutivo- no pudieron: darle forma a un proyecto de reforma del SPP, y hacer que se apruebe como Ley Marco de Creación del Sistema Integrado Universal de Pensiones (SIUP) en su Comisión Especial.

El proyecto fue aprobado, pero no ha recibido el apoyo público de ninguna bancada, grupo u organización política. Es más, otros –como su propio partido y sus compañeros de plancha- han tomado distancia y han rechazado el proyecto. Carmen Omonte está sola en la defensa de su proyecto...por el momento.

Las AFP han utilizado la misma estrategia de siempre, i) una fuerte crítica pública a través de sus voceros con el mismo argumento: el sistema y los ahorros de los afiliados están en riesgo; ii) una agresiva pero no muy convincente campaña publicitaria contra el proyecto; y iii) esperar que este nuevo combate termine. Como a lo largo de estos años, únicamente una estrategia de contención. La población no sabe si las AFP tienen propuestas integrales o parciales alternativas. Si las tienen, no las promueven ni difunden. Y esto a pesar de que saben que son –y serán- el objetivo N° 1 de toda coyuntura complicada y de cada campaña política, ya sea por: i) la resistencia de las AFP a que algo cambie para mayor beneficio de los afiliados; ii) por el conocido y evidente malestar de muchos afiliados que no quieren y no creen en el sistema porque sienten que les quitan buena parte de sus ingresos que no volverán a ver hasta la vejez, cuando ellos podrían darle mejor uso en el presente; o iii) por la ojeriza de varios sectores políticos y sociales.

El problema es que la estrategia de la sola contención se debilita con cada ocasión. El año pasado en cuarentena el grito era que si se permitía el retiro de fondos, los ahorros y las pensiones de los afiliados estaban en grave riesgo y era el fin del sistema. Bueno pues, se aprobaron dos retiros y el sistema y los ahorros siguen ahí.

La suerte de las AFP en esta ocasión es que el proyecto Omonte se fue al otro extremo.

El proyecto ha generado temor en los mismos afiliados, y no es que les preocupe el sistema como tal o el negocio de las AFP. No. Lo que les preocupa es: i) que sus fondos y ahorros pasen a manos de una entidad estatal; ii) que el Estado se apropie de los ahorros de cada afiliado; iii) que el Estado controle y decida quien maneja y gestiona los fondos de cada afiliado; iv) que el Estado quiera confiscar una parte de los aportes y ahorros, dándole la forma de un aporte solidario para pagar las pensiones de quienes nunca han aportado.

Frente a todo esto, la argumentación de la congresista ha sido tan pobre, confusa y hasta dudosa, que genera más sospechas que aclaraciones.

Crea la Autoridad del Sistema Integrado de Pensiones (ASIP) como organismo público para planificar, gestionar y promover el funcionamiento del SIUP, pero dice que no se trata de la estatización del sistema.

Dice que la ley regirá para los nuevos afiliados porque la ley no es retroactiva y que los actuales no serán obligados a pasarse al nuevo sistema porque esa transición será estudiada y demorará. Pero el Artículo 9 - 9.3 del proyecto dice claramente que: “Los asegurados del Sistema Privado de Pensiones pasan al SIUP con los fondos acumulados que a la fecha de su traslado figuren en su Cuenta Individual de Capitalización...”.

Dice que los fondos serán gestionados por empresas privadas, pero en el Artículo 29 dice que: “Se entiende por gestor de inversión a la entidad pública o privada...”.

Dice que los fondos de los afiliados no sufrirán recorte alguno, pero en su proyecto establece que cada afiliado tendrá un Fondo de Riesgo Compartido que contiene un mecanismo redistributivo y solidario. ¿Para redistribuir qué y a quién?, ¿solidario con quién? Es obvio que pretende que cada afiliado haga un aporte obligatorio e inconsulto, un bono solidario, un impuesto, ¿una confiscación?, pero no se atreve a decirlo claramente.

Quizás el proyecto, la comunicación y los argumentos de la congresista Omonte sean, por ahora, los principales enemigos de Carmen Omonte. Pero la guerra va a continuar, y los afiliados seguiremos estando –sin mayores mejoras ni beneficios- entre la resistencia al cambio de las AFP y la ojeriza de los políticos.

El asunto es que ya hay un proyecto, precipitado, sesgado, mal orientado, como quieran calificarlo. Pero es una base que pueda servir para este Congreso o para el siguiente. ¿La reforma está cerca?, ¿pensarán en los afiliados o se quedará cada parte en su trinchera?