La reciente noticia sobre las reuniones clandestinas entre dos fiscales especializadas en crimen organizado a cargo del caso “Los cuellos blancos del puerto” con el ahora ex presidente Martín Vizcarra y actual candidato al Congreso por la lista de Somos Perú, “deja muchas dudas teniendo en cuenta el patrón de comportamiento en terreno político del ex presidente”, indicó a EXTRA el abogado constitucionalista y analista político Miguel Estela La Puente, quien agregó “siempre hay algo de lo que él (Martín Vizcarra) se favorece o, al menos, sino es él entonces su entorno cercano y familiares”.
- ¿Cuál es la primera observación sobre esta reunión de Vizcarra con las fiscales del caso Cuellos Blancos, Sandra Castro y Rocío Sánchez?
No queda claro por qué estas dos fiscales solicitaron una reunión con el presidente, un domingo sin previa cita, cabe la pregunta: ¿Quién fue el intermediario o intermediaria? ¿Ellas ya tenían el número celular del presidente Martín Vizcarra? Si fue así ¿En qué contexto lo consiguieron? Hay más preguntas, desde luego, que deben ser resueltas porque la función de independencia que ejercen los fiscales de la República no se condice con el actuar irregular con el que procedieron las dos fiscales indicadas, Sandra Castro y Rocío Sánchez.
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- ¿Cómo debieron actuar las fiscales y qué es lo cuestionable de la reunión con el entonces presidente Vizcarra?
Si las señoras fiscales temían por su seguridad personal pudieron correr un oficio urgente al Ministerio del Interior que es la entidad con la que el Ministerio Público coordina directamente ¿Para qué acudir al presidente de la República? Si él iba a derivar toda protección al ministro del Interior. Recurrir al presidente, entonces, hizo que el procedimiento para asegurar su protección fuera más lento que recurrir directamente al ministro.
- ¿Qué dudas se despiertan de la reunión entre las fiscales y el ahora ex presidente Vizcarra?
No queda claro y hay algo que no cuadra, luego tanto político y funcionario ruin y malvado que se ha aprovechado del pueblo peruano, los ciudadanos tenemos derecho a preguntarnos qué había realmente detrás de esa reunión, saber si se conversó sobre la seguridad personal de las fiscales o había algún blindaje por parte del Ministerio Público a favor de Martín Vizcarra por ello lo que corresponde es que se inicie un procedimiento disciplinario contra las fiscales para que formulen sus descargos y corroborar todas sus afirmaciones. El policía que estuvo presente en dicha reunión también debería declarar sobre los hechos.
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