Con la finalidad de apoyar a las pequeñas y micro empresas que se vieron afectadas por la pandemia e impulsar su reactivación económica fue sustentado el proyecto de ley que propone incorporar un régimen especial de sanciones administrativas aplicable a este sector en la Ley de Contrataciones del Estado.
Fue ante la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, donde varios congresistas manifestaron su respaldo a esa propuesta, sesión conducida por la presidenta de ese grupo, congresista Silvia Monteza Facho (AP).
La sustentación de la proyectada norma (PL 411) estuvo a cargo del congresista Luis Alegría García (FP),quien advirtió que según el INEI las mypes emplearon en el 2020 a 4.5 millones de trabajadores, es decir, 48.6 % menos que el año anterior. “Este nivel de empleo representa el 26.6 % de la PEA”, puntualizó.
Dijo que lo que se busca es modificar el régimen de sanciones de la Ley de Contrataciones del Estado sólo para los micros y pequeñas empresas dado que el actual régimen contempla sanciones draconianas para las faltas más severas (documento inexacto o falso). “La sanción empieza con 36 meses de inhabilitación y va hasta la inhabilitación definitiva”, agregó.
Explicó que los 36 meses de inhabilitación significan 3 años de imposibilidad para contratar con el Estado, desaparición de la mype y de puestos de trabajo formal y pago de impuestos.
PROPUESTAS
Se propone lo siguiente, dijo el legislador, a) si la mype no presenta sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado en un periodo mayor a 48 meses, la inhabilitación imponible es no mayor a tres meses ni menor a un mes en su derecho a contratar con el Estado. Cuando la sanción es multa, esta se reduce al 10 % del monto correspondiente.
Además, b) si la mype presenta sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado en un período mayor a 24 meses y hasta los 48 meses, la inhabilitación imponible es no mayor a seis meses ni menor a tres meses en su derecho a contratar con el Estado. Cuando la sanción es multa, esta se reduce al 25 % del monto correspondiente.
También, c) si la mype presenta sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado en un período mayor a 12 meses y hasta los 36 meses, la inhabilitación imponible es no mayor a doce meses ni menor a tres meses en su derecho a contratar con el Estado. Cuando la sanción es multa, esta se reduce al 50% del monto correspondiente.
Finalmente, d) si la mype presenta sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado en los últimos 12 meses, la inhabilitación imponible es no mayor a 24 meses ni menor a tres meses en su derecho a contratar con el Estado. Cuando la sanción es multa, esta se reduce al 75% del monto correspondiente.
El proyecto de ley precisa que cuando la sanción imponible es la inhabilitación, la mype puede optar por el pago de una multa que es de 5 UIT para los supuestos comprendidos en el literal a),10 UIT para los comprendidos en el literal b),15 UIT para los comprendidos en el literal c) y, 20 UIT para los comprendidos en el supuesto del literal d). El pago de dicha multa implica el levantamiento inmediato de la inhabilitación impuesta, sin perjuicio del cómputo de la sanción para los fines de los literales a) b),c) y d) del acápite 50.4 del presente artículo.
Durante el debate, la congresista Rosangela Barbaran (FP) dijo que es importante voltear la mirada en beneficio de la población y dar otra norma sobre derechos que permita emparejar la cancha a los pequeños empresarios lo cual permitirá dejarlos de asfixiar.
“Aquí les quitan el derecho de participación y quieren castigarlos con 36 meses cuando los que necesitan son oportunidades. Es bueno darles una segunda oportunidad a los empresarios afectados por esta crisis”, opinó.
El congresista Juan Carlos Lizarzaburu (FP) manifestó su respaldo a los emprendedores que muchas veces son familias valientes que forman parte de los micro y pequeñas empresas que se vieron golpeadas económicamente por las restricciones sanitarias por la pandemia.
El congresista Carlos Anderson Ramírez (PP) preguntó si se tiene estadísticas de que el problema realmente se ha ido agravando en el tiempo como consecuencia de la COVID-19 y qué tipo de infracciones se han venido cometiendo, si han tenido aumento o retroceso, porque puede haber temas de falsificación de documentos o de productos defectuosos.
“Hay que ser claro y preciso qué es lo que estamos corrigiendo y para qué tipo de infracciones porque de lo contrario podríamos estar estimulando un comportamiento perverso”, agregó.
Para la congresista Patricia Juárez (FP) es el momento de que todos -sin mirar color político- apuntemos a la reactivación económica del país y apoyar a las pequeñas y micro empresas porque muchas de ellas han desparecido
“Esperamos que ese 80 % de informalidad se formalice, y las personas puedan tener acceso a una pensión digna y a derechos laborales que todos aspiramos”, señaló.
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