No ideologicemos la salud

La semana pasada se generó confusión y controversia respecto de un dispositivo emitido por el gobierno, que daba a entender que laboratorios privados podrían importar vacunas para el coronavirus. La ministra Mazzetti aclaró que los laboratorios privados no podrían importar ni comercializar la vacuna hasta el 2022.

Esto desató una discusión en torno a los roles del Estado y del sector privado a la hora de abordar el proceso de vacunación que enfrentamos. En mi opinión, lo ideal es encontrar un punto medio entre el uso y disposición de los recursos públicos —en teoría destinados principalmente para aquellos que carecen de las posibilidades económicas para acceder a la vacunación— y la participación del sector privado, que claramente apunta a aquellos que no requieren de la logística del Estado ni de sus recursos económicos para poder vacunarse.

Ello implicará, por un lado, una menor presión sobre la caja fiscal —bastante golpeada ya—, y por el otro, un alivio importante sobre el aparato logístico del Estado para la distribución y administración de las vacunas. Es decir, visto así parece que la participación del sector privado resultaría ser una colaboración importante para el Estado. ¿Por qué impedirla?

No es suficiente que el gobierno anuncie la adquisición de X millones de dosis para vacunar a casi todos los peruanos. Lo importante es que esas dosis 1) efectivamente lleguen a la mayor cantidad de personas, y 2) que lo hagan con la mayor eficiencia para su distribución y administración. En ambos casos la participación privada parece conveniente.

Es necesario dejar de concebir al Estado y al sector privado de manera antagónica. En un proceso de vacunación como el que tenemos por delante, debemos aprovechar todos los recursos disponibles que nos permitan llegar lo más rápidamente a atender a una mayor cantidad de personas.