Daniel Salaverry, uno de los candidatos a la presidencia de la República, considera que se debe evaluar la fecha de las elecciones generales de este año, programadas para el 11 de abril, en vista del incremento de contagios y fallecidos por la pandemia del coronavirus. No creemos que su punto de vista sea compartido por sus contendientes y menos por el Gobierno. Ayer el presidente Francisco Sagasti ratificó lo que un día antes expresó la titular del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, que el Gobierno está comprometido con realizar las elecciones en el día señalado. “Tenemos un marco legal establecido y nos estamos adhiriendo a él”, precisó. En tanto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas, respaldó estas palabras porque “dan certeza”.
Es evidente que la prioridad del Ejecutivo es brindar las condiciones para que el proceso electoral se lleva a cabo con todas las medidas de bioseguridad. No cumplir las obligaciones asumidas se traducirá en inestabilidad, ingobernabilidad y principalmente inseguridad jurídica.
El restablecimiento de la confianza al Gobierno tiene que ver con el ejercicio de la democracia y una impecable transmisión de mando pese a la grave crisis sanitaria por la que atravesamos. Si no se llevan adelante las elecciones el 11 de abril estaremos amenazados por peores frustraciones.