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El Consejo Regional no tratará por el momento la encargatura de funciones en el Gobierno Regional de Áncash (GRA) tras la detención preliminar por siete días que se dictó contra el gobernador Juan Carlos Morillo Ulloa. Ayer se conoció que la defensa del mandatario ancashino había apelado a la decisión del juez de investigación preparatoria, pero hasta el cierre de esta edición no se tenía información sobre este requerimiento.

ESPERAN

Ayer, el consejero delegado Carlos Pajuelo Camones informó que hasta el momento no habían recibido ningún pedido del vicegobernador Henry Borja solicitando la encargatura de funciones de la gobernación.

En este sentido, indicó que no pueden ver el tema por el momento mientras no se defina la situación del gobernador ancashino.

“Hasta ahora (ayer) no ha llegado ningún pedido del vicegobernador para que diga que le toca asumir, debe solicitarlo (...) Debemos esperar el escenario futuro, siempre ajustado a ley, porque podemos ser denunciados por abuso de autoridad”, declaró a RSD.

Vale precisar que la norma establece que, en ausencia del gobernador, es el vicegobernador quien debe asumir el manejo de la institución.

Como se recuerda, el lunes último, Juan Carlos Morillo y un grupo de funcionarios fueron detenidos en base a una solicitud del Ministerio Público que los investiga por colusión agravada durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Por disposición del juez, estas personas deberán permanecer detenidas por siete días. Luego de este plazo, la Fiscalía puede decidir que sean liberados o también puede solicitar una prisión preventiva.

El consejero delegado recalcó que en los próximos días, dependiendo de lo que suceda con el mandatario ancashino, se podría tomar acciones para suspenderlo del cargo.

No obstante, si bien dijo ser respetuoso de las decisiones del Poder Judicial y el Ministerio Público, opinó que “algunos fundamentos no son tan contundentes” para que se haya solicitado la detención preliminar.

APELAN

Ayer se conoció que la defensa del gobernado había apelado a la decisión del juez Derby Quezada Blanco, quien aprobó la detención preliminar de 10 personas involucradas en la investigación. No obstante, hasta el cierre de esta edición no se tenía respuesta sobre este requerimiento, con lo cual se busca la liberación del mandatario ancashino y sus funcionarios.