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23 Ene 2021

Decisiones de acuerdo a ley

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Algunas candidaturas presidenciales se encuentran bajo la lupa y su viabilidad deberá ser resuelta en los próximos días, en última instancia, por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Uno de los casos más sonados es el de la plancha encabezada por César Acuña (Alianza para el Progreso-APP),que ha sido sacada del camino por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 debido a que el candidato no declaró una propiedad inmueble.

Diversas voces han salido a cuestionar que por un asunto “administrativo” o “secundario”, se impida postular a un aspirante presidencial. Muchos coinciden en que debe ser el elector el que respalde o baje el dedo a quien aspira a ser presidente del Perú. Incluso el candidato rival George Forsyth (Victoria Nacional –VN),en gesto loable, ha criticado que se ponga en riesgo la candidatura de uno de sus contendores por no declarar una propiedad.

Puede que tengan razón. Sin embargo, la autoridad electoral está obligada a actuar de acuerdo a ley y a tono con decisiones que ha tomado en el pasado ante situaciones similares. Si queremos hablar de institucionalidad en el Perú, comencemos por exigir fallos amparados en la ley, más allá de si nos gusta o no determinada candidatura, y a respetarlos una vez emitidos en última instancia. Es lo que corresponde hacer a los ciudadanos.

Esto mismo deberían hacer los candidatos, en lugar de ser tan irresponsables como para salir a decir que con víctimas de un “complot” o de una “mano negra”, pues al hacerlo están echando sombras a la legitimidad del proceso electoral, y de paso también a nuestras futuras autoridades. Si cuentan con evidencias de que son sacados de carrera de manera arbitraria, deberían exhibirlas. En caso contrario, queda acatar y nada más.

En los últimos días Acuña ha salido a decir que se lo quieren bajar debido al gran arraigo popular que tiene en diferentes regiones del país. Recordemos que en 2016 lo sacaron de carrera por regalar plata en una actividad proselitista, algo expresamente prohibido por la ley. Sin duda, lo que menos puede hacer una persona responsable es cuestionar, sin pruebas, un proceso electoral, especialmente en una democracia tan frágil como la nuestra.

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Vía RSSCorreo
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