Ante la denuncia sobre el presunto pago de un millón de soles en efectivo al presidente Martín Vizcarra para favorecer a la empresa Obrainsa mientras era gobernador de Moquegua, nuestro sufrido país vuelve a ingresar en una nueva etapa de inestabilidad en medio de la pandemia que sigue cobrando vidas todos los días.
Esta vez el mandatario no podrá culpar al cuestionado congresista Edgar Alarcón, con sus innumerables investigaciones por presuntos actos de corrupción. Tampoco podrá señalar a “golpistas” tocando las puertas de los cuarteles ni a empresarios que vieron afectados sus intereses políticos y económicos con medidas dadas por este gobierno.
Lastima que el Perú, que había sorteado un intento de vacancia hace menos de un mes y que parecía haber visto superadas las diferencias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, se encuentre nuevamente en medio de una gran turbulencia que afecta directamente la institución presidencial.
Estamos ante un nuevo remezón político a pocos meses de las elecciones generales y a menos de un año del Bicentenario, todo esto en medio de la pandemia. El Perú no merece esto, no merece llevar 30 años con todos sus presidentes cuestionados mientras las necesidades de la gente son múltiples.