En mis años de estudiante una profesora nos lanzó esta pregunta: ¿la economía determina la política o la política determina la economía? Es una pregunta que he repetido en distintos contextos recibiendo respuestas diversas en debates interesantes. El punto de encuentro siempre ha sido que ambas son importantes para el logro de una economía saludable que vaya de la mano con un mayor bienestar para la población.
Nuestros logros han sido importantes en cuanto al manejo de la política económica y nos han valido, entre otras cosas, ser uno de los países con mejor calificación crediticia en la región, después de haber pasado por una grave crisis con hiperinflación.
El crecimiento económico logrado estuvo asociado a la reducción de la pobreza, al menos hasta antes de la crisis sanitaria. No obstante, tenemos el reto de ser una economía que opera con elevadas tasas de informalidad, bajos niveles de productividad y serias deficiencias de acceso a la salud y la educación.
En el plano de la política, los graves hechos recientes han puesto en evidencia una preocupante disociación entre lo que la clase política hace y lo que la sociedad peruana espera de ella, que se viene macerando desde hace ya algún tiempo.
En lo fundamental, un político debería tener la capacidad de identificar al votante representativo y hacer viables sus aspiraciones, dentro del marco constitucional vigente. No hacerlo termina generando conflictos de diversa índole que ponen en peligro nuestros logros en materia económica. Entonces ¿por qué se viene dando este fenómeno de manera recurrente a lo largo de nuestra historia? Es el momento de plantearnos esa pregunta como un tema de discusión nacional desde diversas disciplinas y empezar a barajar alternativas de solución.
Podríamos iniciar preguntándonos ¿cuál es el costo para el Congreso si aprueba leyes claramente inconstitucionales? ¿Cómo hacer sentido de que 68 de 130 congresistas tengan procesos en investigación en el Ministerio Público? ¿Es que los ciudadanos no sabemos votar? ¿Por qué un partido político no realiza un escrutinio cuidadoso de sus representantes congresales?
Una de las alternativas de solución posibles sería avocarnos a la construcción de instituciones sólidas, que permitan como mínimo, que la población cuente con mecanismos de expresión o reclamo eficientes y efectivos, y un mejor funcionamiento del sector público. Quizá, iniciar un proceso de este tipo sería un paso adelante para el logro de un mayor bienestar para nuestra población.