Al menos 6 candidatos con pesquisas y juicios
De los 24 partidos que cuentan con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas, al menos seis de los virtuales candidatos presidenciales vienen siendo investigados o procesados en el Ministerio Público y el Poder Judicial.
La carrera rumbo al sillón presidencial del 2021 estará matizada con cuentas pendientes en el sistema de justicia.
De los 24 partidos que cuentan con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas, al menos seis de los virtuales candidatos presidenciales vienen siendo investigados o procesados en el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, aparece como la única aspirante en los comicios internos del partido naranja.
Ayer, el secretario de FP, Luis Galarreta señaló que la hija del expresidente debe ser la candidata de dicha agrupación política para las elecciones del 2021.
“Si me preguntan por la candidata a la Presidencia, considero que debe ser Keiko Fujimori; las postulaciones a las vicepresidencias se están discutiendo”, indicó Galarreta a Canal N.
No obstante, Keiko tiene dos investigaciones en curso en el Ministerio Público: el caso Odebrecht y el de Joaquín Ramírez.
Sobre el primer proceso, el fiscal José Domingo Pérez dijo que está cerca de culminarse y presentar la acusación ante el Poder Judicial.
En este caso, a Fujimori se le imputa haber recibido el financiamiento ilícito de Odebrecht para sus campañas presidenciales del 2011 y 2016.
El otro proceso está relacionado con la presunta entrega de $ 15 millones de Keiko a Joaquín Ramírez. El caso se encuentra en investigación preparatoria, a cargo del fiscal Wilson Salazar.
NACIONALISMO. En el Partido Nacionalista, todo indica que Ollanta Humala buscaría nuevamente el sillón presidencial, de acuerdo a lo manifestado por los excongresistas nacionalistas Santiago Gastañadui y Fredy Otárola en declaraciones a Correo.
“Las bases y simpatizantes del Partido Nacionalista están pidiendo que Ollanta Humala se presente pero la decisión le corresponde a él y, en el momento que la tome, lo informará al país”, dijo Gastañadui.
De igual manera, Otárola dijo que el expresidente es el candidato natural del partido y “es un hecho” que postulará en 2021.
Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia vienen siendo procesados por el presunto financiamiento ilegal del gobierno de Venezuela y Odebrecht para las campañas presidenciales del 2006 y 2011.
De igual modo, Julio Guzmán aparece como el candidato presidencial del Partido Morado.
Guzmán, sin embargo, tiene una investigación preliminar en curso en el Equipo Especial Lava Jato por presuntamente recibir 400 mil dólares por parte de Odebrecht para su campaña presidencial del 2016.
El caso, declarado por el fiscal José Domingo Pérez como complejo, fue abierto en agosto pasado y tiene un plazo máximo de ocho meses.
Otro candidato presidencial con proceso pendiente en la justicia es Daniel Urresti Elera.
Sobre Urresti, está pendiente que el PJ fije fecha para el reinicio del juicio oral en su contra por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.
En el caso de Daniel Salaverry (Somos Perú),este es investigado por la propia fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por haberse apropiado de gastos de representación del Congreso -cuando fue legislador- y por presentar falsos informes de representación. Ávalos ha presentado incluso una denuncia constitucional.
Igualmente, César Acuña, quien encabezaría la alianza presidencial de APP junto al PPC, tiene una pesquisa en el Ministerio Público por el presunto delito de lavado de activos.
El fiscal Eduardo Cueva Poma lo investiga por presuntas transferencias irregulares de parte del exgobernador de La Libertad a favor de una compañía del publicista brasileño Luis Favre. La transacción se realizó cuando fue alcalde de Trujillo y gobernador de La Libertad, entre 2014 y 2016.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó movimientos económicos desde las cuentas personales de César Acuña y la Universidad César Vallejo.
Cueva Poma también investiga a Acuña por presunto blanqueo de dinero ilícito y haber consignado falsos aportantes para la campaña electoral 2010-2011.
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