En el Perú no estamos acostumbrados a castigar con severidad a los corruptos, sino que nos demos el lujo de evaluar a los delincuentes de oficina según la tajada que se llevan, y ni qué hablar si estos roban pero hacen obras.
Por ejemplo, cuando el presidente Martín Vizcarra intenta minimizar el caso de Richard Cisneros, por tratarse de contratos que no superan los 200 mil soles, indirectamente cuestiona a la ciudadanía por querer conocer más el caso.
Ahora que ha salido a la luz, según El Comercio, la declaración de un aspirante a colaborador eficaz del caso Club de la Construcción, que asegura conocer de una millonaria coima a favor de Vizcarra en sus tiempos de gobernador de Moquegua, sin duda vamos a comenzar a comparar sobre otros montos.
Al respecto, algunos simpatizantes de la cultura delincuencial han opinado que se debería pedirles disculpas a Pedro Chávarry y Edgar Alarcón, como si sus sinvergüencerías fueran el robo de un pan de la novela de Víctor Hugo.
Por estas posturas es que cierta ciudadanía perdona a quienes delinquen en nombre de la Nación, y en cada elección de autoridades termina concretando su benevolencia. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando tanta podredumbre?
A la delincuencia se le debería medir con la misma vara con que afecta a la población. Es tan ladrón el que asalta con cuchillo como el que le quita un pan de la boca a un hambriento.