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La Contraloría General de la República detectó que funcionarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) favorecieron a un consorcio privado con la suscripción de un contrato por más de 100 millones de soles, con una vigencia de tres años, para desarrollar actividades comerciales y operativas en el sur de Lima, pese a conocerse que dicho consorcio presentó documentación con información inexacta.