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La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, sustentó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, el presupuesto de este poder del Estado correspondiente al año fiscal 2023, el cual permitirá mejorar el servicio de justicia a los usuarios.


Precisó que la institución que preside solicitó inicialmente la suma de 6 mil 300 millones de soles, sin embargo, el Poder Ejecutivo le asignó 3 mil 400 millones de soles.  

Refirió que el monto requerido servirá para desplegar diversas acciones, entre ellas, reducir la carga procesal que, lamentablemente, origina la queja de los usuarios, quienes deben ser atendidos de manera célere y eficaz. 

“La carga procesal es superior a la capacidad de un juez para resolver de manera célere”, anotó durante su exposición. 

Añadió que la referida suma también sería utilizada para implementar el Plan Vida Sana, dirigido al personal cuyo ingreso remunerativo es menor en la actualidad a S/1950.


Sostuvo que los 3494 jueces que imparten justicia en 2753 órganos jurisdiccionales tienen previsto resolver hasta fin de año 2 millones 179 mil 216 expedientes, cifra superior a la del año pasado que fue de 1 millón 629 mil 380. 

Agregó también que el Poder Judicial tiene previsto ejecutar hasta fin de año el 98.29 % del presupuesto asignado, y que a la fecha ya avanzó el 65.06 % del mismo.

Asimismo, destacó que durante el 2022 el Poder Judicial ha alcanzado muchas metas como la implementación de la Unidad de Flagrancia en el distrito de El Porvenir (La Libertad),y anunció que el 15 de noviembre se hará lo propio en Lima Sur, para combatir la delincuencia común.



Resaltó, asimismo, que este año el Poder Judicial ha culminado con la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) en las 34 cortes superiores del país, en la especialidad de violencia contra las mujeres, así como se ha fortalecido la justicia de paz.  

De igual modo, precisó que la institución solicitó 10 millones de soles adicionales para realizar un control concurrente a los procesos de inversión, pues con esta medida se dará confianza al funcionario público de ejecutar rápidamente sin que se sospeche que existe algún acto ilícito.

(FIN) NDP/RMCH/JCR

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Publicado: 20/9/2022