El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, pidió que las autoridades cumplan su rol constitucional y legal de combatir, conjuntamente con el Poder Ejecutivo, la delincuencia y la inseguridad ciudadana.
"Desde aquí invocamos, exhortamos, exigimos que las autoridades cumpla su rol constitucional y legal de combatir, conjuntamente con el Ejecutivo, en esta lucha que hemos iniciado contra la delincuencia y contra la inseguridad ciudadana", señaló Arana en conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros.
Mencionó que desde el Poder Ejecutivo se han dado algunas normas que consideran importantes y que aportan a combatir la lacra de la delincuencia, además de las acciones que se realizan desde la defensa pública y la Policía Nacional del Perú (PNP).
Sin embargo, dijo que era necesario expresar la preocupación y protesta del Gobierno ante la liberación de delincuentes, quienes vuelven a las calles a las pocas horas de haber sido capturados por la PNP.
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"Hay ámbitos de la justicia donde el Ejecutivo no tiene control, como son el Ministerio Público y el Poder Judicial, y podemos ver estupefactos como delincuentes que son puestos inmediatamente en manos de la Fiscalía o de los actores de justicia e inexplicablemente en horas acuden a las calles para cometer su delito", subrayó.
En tal sentido, Arana calificó que esas situaciones son inexplicables y que desde luego consideraba que debían actuar los órganos de control del Ministerio Público y del Poder Judicial.
De otro lado, informó que se ha remitido una respuesta categórica y contundente ante el requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Al respecto, indicó que como consecuencia de la soberanía ejercida desde el Ministerio de Justicia y el Poder Ejecutivo se dictó una gracia en favor de un ciudadano que no fue ejecutada en su oportunidad y que el Tribunal Constitucional (TC) en ejercicio de su soberanía dispuso la ejecución de ese mandato.
En esa línea, señalo que se ha cumplido escrupulosamente la decisión soberana del TC respecto de una decisión del Poder Ejecutivo.
Arana dejó en claro que no se estaba defendiendo a un ciudadano en particular, ni tomando posición por una ideología o posición política, sino el derecho de un ciudadano como si fuera cualquier otro de los 33 millones de peruanos.
"Desde el Ejecutivo no vamos a permitir la intromisión a la soberanía jurídica nacional e internacional y que no se respeten los derechos que desde el Tribunal Constitucional y desde los órganos judiciales se dicten en el Perú", puntualizó Arana.
(FIN) RMCH/JCR
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Publicado: 17/4/2024