El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) Gino Ríos Patio, señaló hoy que la apertura de un procedimiento disciplinario contra jueces supremos, entre ellos presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, está dentro de las competencias constitucionales de este organismo y debe ser respetado.


“No tiene como objeto asumir la competencia jurisdiccional de investigar, resolver o apoderarse de un asunto o causa que un juez viene tramitando, sino evaluar la conducta funcional de un magistrado con el objeto de garantizar la correcta administración de justicia y el respeto por las normas que rigen su comportamiento”, indicó.


Mediante un comunicado, dijo que por tanto este procedimiento no es una interferencia en un proceso judicial, sino un acto legítimo dentro de las atribuciones constitucionales de la JNJ para asegurar la integridad del sistema judicial. 


“Reiteramos que la JNJ tiene la función constitucional de velar porque los magistrados impartan justicia con independencia, prontitud, imparcialidad, razonabilidad y respeto al debido proceso. Por tanto, el inicio de un procedimiento disciplinario contra cualquier magistrado es un acto legítimo y debe ser respetado, aseveró.

En ese sentido, insistió en que la JNJ tiene la facultad constitucional de investigar cuando existan indicios de posibles faltas de los magistrados a los deberes establecidos en la Ley de la Carrera Judicial que han sido denunciados por un ciudadano.

Proceso disciplinario sigue su curso


En el documento, el presidente de este organismo señaló que este procedimiento, contra los integrantes de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de la República en el año 2024, sigue su curso regular dentro de los plazos establecidos. Tiene una fase de instrucción, en la que se recaba la información necesaria, pertinente e idónea para el esclarecimiento de los hechos. 

Por ello, señala “que es insostenible pretender que previamente al inicio de un procedimiento disciplinario se cruce información con la persona a ser investigada”. 

“Cualquier intento de deslegitimar el trabajo de la JNJ, que desarrolla en cumplimiento de sus funciones constitucionales, al señalar que su acción es apresurada o infundada, debilita el Estado de Derecho y la confianza en las instituciones encargadas de velar por la justicia”, refiere.

Lamenta también que se emitan declaraciones públicas sobre este proceso disciplinario sin que los administrados hayan sido notificados formalmente de la apertura de un procedimiento disciplinario. 

(FIN) FHG/RMCH

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Publicado: 19/2/2025
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