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La criminalidad aumenta de forma alarmante en Loreto, afectada también por el narcotráfico y la corrupción de funcionarios; y ante este preocupante panorama la Corte Superior de Justicia renovó su propósito de optimizar el servicio de justicia en bien de la comunidad loretana, con el trabajo comprometido de los magistrados.


Así lo subrayó el presidente de dicha Corte, Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas, quien añadió que pese a los esfuerzos para sentenciar en todos los casos penales, temas de criminalidad, “este fenómeno está creciendo de manera exponencial, rebasando  la capacidad del sistema de justicia”. 


Sostuvo que a ello se suma la negativa campaña sostenida por parte de medios de comunicación vinculados con procesados que han sido funcionarios, sean presidentes, gobernadores regionales o alcaldes; porque la justicia les ha llegado. “Se está  desarrollando un gran empuje mediático para cuestionar la validez de las decisiones que se están adoptando en estos casos”, anotó.

Del Piélago Cárdenas remarcó que los jueces y juezas han demostrado mucha valentía para enfrentar casos de delincuentes muy peligrosos, pero la Policía no les brinda la seguridad que requieren, tampoco a los fiscales.

“Hace poco mataron a un empresario argentino frente a una Fiscalía penal, en pleno centro de Iquitos, y no había ningún policía haciendo vigilancia para brindar protección a esta institución. He dicho públicamente, así como mataron a esta persona pueden matar a un juez o fiscal que les estorba. Hemos reclamado y la respuesta de la Policía es que no hay efectivos. Este es un tema muy grave”, comentó.

En ese contexto, sostuvo que la zona está en un nivel 4 de inseguridad, tal como lo evidencian los dos decretos supremos emitidos el pasado 18 de julio, que prorrogan el estado de emergencia en las provincias de Putumayo, Mariscal Ramón Castilla, y en el distrito de Alto Nanay, provincia de Maynas, por 60 días.

"Tal medida se adoptó ante la presencia de la criminalidad y narcotráfico y de las dragas ilegales manejadas por gente vinculada al tráfico ilícito y que someten a la población amenazándola con armas y sufren las consecuencias, sobre todo, los pobladores  distantes a la ciudad, por falta de seguridad. También se alían con funcionarios corruptos para saquear al Estado. Iquitos eta lleno de colombianos vinculados con el narcotráfico, hay lavado de activos en la modalidad del goteo”, puntualizó.


Del Piélago Cárdenas mencionó, asimismo, que el alcalde del distrito de Vargas Soplín (provincia del Putumayo) alertó ante la subprefectura de Maynas sobre la crisis en esta zona fronteriza. Su vida y la de su familia peligran.

Lamentó que por esta situación de inseguridad que se vive, el Departamento de Estado de los Estados Unidos haya referido expresamente a sus ciudadanos no viajar a Loreto, lo que constituye un duro golpe a la economía de esta región por la reducción del turismo que se generará.

Corrupción

En cuanto a la corrupción, precisó que en Loreto este delito ha generado un perjuicio económico de más de 890 millones de soles sólo en el 2021 (cifra de la Contraloría General de la República).  “Parte de este dinero los corruptos se lo han llevado y tienen suficiente poder económico para contratar a abogados inescrupulosos y bandas de delincuentes que les den protección; y si es necesario para eliminar jueces o fiscales que sean un estorbo para su impunidad”, enfatizó.


Del Piélago Cárdenas alza su voz de protesta porque quiere un trabajo efectivo, pero recibe cartas notariales, amenazas de juicios, la protesta de los abogados. “Es un trabajo en solitario, el presidente de la  Junta de Fiscales guarda silencio, el representante de la Defensoría del Pueblo a veces nos acompaña, saca sus pronunciamientos, pero como no tiene poder coercitivo hacen caso omiso”, indicó.


Falta de presupuesto 

El magistrado dio a conocer que otro problema que aqueja a la Corte Superior de Justicia de Loreto es el limitado presupuesto asignado, a pesar de  la extensión geográfica de la región que atienden, pues no les permite brindar acceso a la justicia a toda la población o a la mayor parte de la misma, que con justa  razón se siente insatisfecha.

Hay que  considerar, señaló, que las vías de comunicación básicamente son los ríos o la vía aérea. La única población que está conectada por  tierra con Iquitos es la ciudad de Nauta, en la provincia de Loreto; todo el resto es comunicación acuática, lo cual dificulta acceder a los casos o que la población pueda acercarse a los órganos jurisdiccionales cuando tengan que acudir por diferentes problemas.

Instalaciones obsoletas 

Aparte –prosiguió- el poco presupuesto redunda en las instalaciones obsoletasde la Corte y urge seguir mejorando el sistema eléctrico porque se corre el riesgo de un incendio eléctrico. “Ya lo sabe la Gerencia General del Poder Judicial y está licitándose muy lentamente el cambio del cableado total del edificio principal”, advirtió.

De igual manera, se debe hacer una nueva instalación del sistema de fibra óptica, que técnicamente se llama cableado estructurado, para mejorar la comunicación de internet.

El magistrado añadió que en las comunidades alejadas son casi nulas las  posibilidades de ayudar, más bien hay una red enorme de jueces de paz no letrados que eligen las propias comunidades y que resuelven las cosas según su saber y entender. “Y propiciamos la justicia intercultural para que los pueblos apliquen sus reglas de solución de conflictos, que son mucho más  efectivas que las disposiciones que nosotros tomamos”, destacó.

A la vez -continuó-protegen a la naturaleza, pero aquí surge otro tema vinculado con el derecho ambiental, porque existe una depredación de los bosques con complacencia de autoridades corruptas. “A cada rato hay procesos porque se detienen a autoridades que otorgan concesiones que no deben o permiten que se trafique con madera otorgando autorizaciones ilícitas; sin embargo, cuando se llevan la madera a Estados Unidos y se hace un rastreo del ADN de los árboles y se detecta de qué área son y si es madera ilícita, se procede a la incautación”, explicó.

“Esta gente asesina a las personas que defienden el medio ambiente y una reciente información da cuenta que hay 25 homicidios cometidos contra protectores ambientales y solo hay un sentenciado”, acotó.


En Loreto, el narcotráfico barre con los árboles para sembrar coca y tener sus laboratorios y nos estamos convirtiendo en el principal proveedor  de esta sustancia ilícita nivel mundial, refirió.  
 
Violencia de género 

En Loreto también es grave el tema de la violencia familiar y contra la mujer,  ya que hay 10,000  expedientes en ejecución para dos juzgados, ubicados en Iquitos, y sigue incrementándose el número de casos de agresión, "porque se tiene una población violenta, por efecto de la pandemia del covid-19 la salud mental de la población no está muy bien, lo cual constituye un verdadero problema social", alertó el presidente de la Corte de Justicia.
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“Queremos atender la necesidad de la población, pero no existen en otra ciudad juzgados especializados en violencia familiar, porque en provincia el problema fundamental es que se cuenta con juzgados mixtos a los que con la frase “en adición a sus funciones” le encargan prácticamente de todo: materias penales, constitucionales, laborales, comerciales, de familia, adopciones, violencia; y sobrepasa la capacidad de trabajo de los magistrados”,  recalcó. 

“Adicionalmente se adolece de juzgados especializados en delitos de trata de personas, que en Loreto es uno de los más graves que ocurren diariamente”, aseveró.

Paridad en las judicaturas

De otro lado, Del Piélago Cárdenas, hizo hincapié en que este 2022 culmina su segundo año de gestión, a la que denominó de "exitosa y honrada", con la satisfacción  de haber hecho participar a la mujer con mayor dimensión e intensidad en los diferentes niveles de los juzgados: juzgado de paz letrados, especializados, colegiados, penales y salas, reflejándose una notable paridad en las judicaturas.
  
“El 49 por ciento de magistrados son mujeres, pero son supernumerarias porque no hay concurso hace buen tiempo y las necesidad de magistrados están insatisfechas, expresó.


Cuarta ola 

El presidente de la Corte de Justicia de Loreto informó que están efectuando trabajo presencial y frente a la cuarta ola del covid-19 y haberse presentado en la región el primer caso de la viruela del mono, la situación debe manejarse para proteger la salud de los trabajadores, considerando que los hospitales loretanos en vez de ser lugares de protección se convierten en espacios de contagios masivo.

Entonces, han  empezado a restringir el acceso de las personas al interior de los órganos jurisdiccionales, puesto que se ha reportado 15 casos de covid-19 en la sede central de Corte. 

En ese sentido, recordó que en la primera ola la población loretana sufrió mucho por la corrupción cometida por el gobierno regional, al negociarse el oxígeno, los medicamentos, el alcohol, ni siquiera había mascarillas.
 
Respecto a las estrategias a aplicarse, citó que en el Congreso Internacional de Criminalidad, desarrollado el pasado mes en Trujillo, expuso que ante el nivel de criminalidad alcanzado en la región Loreto, es menester que el Estado revalúe la prioridad de los departamentos para la implementación de las Unidades de Flagrancia.

“Estamos poniendo toda la problemática en conocimiento en Lima; presupuestalmente dependemos de la Gerencia Central, no tenemos autonomía de gastos. Queda insistir en que se amplíe el presupuesto, en que las instancias trabajen mejor. Tengo optimismo en que pueden generarse cambios positivos que repercutan en la calidad y celeridad en la administración de justicia, bajo los principios de transparencia, imparcialidad, e independencia, que ayuden a recuperar progresivamente la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial”, confió.

Casos emblemáticos   

Entre los casos emblemáticos que tiene a su cargo a Corte de Justicia de Loreto figuran los procesos que actualmente tiene el gobernador regional, Elisbán Ochoa, y que no está detenido porque la Fiscalía formuló mal sus imputaciones, al igual que en el caso de la fugada alcaldesa del distrito de Punchana, Jane Donayre Chávez, investigada  por los presuntos delitos de peculado y cohecho activo en agravio del Estado, manifestó Del Piélago Cárdenas.

Otro caso es el del ex gobernador regional de Loreto, Yván Vásquez Valera, que tiene dos sentencias por procesos distintos, y está financiando una campaña de desinformación- porque tenía  canales de televisión, de radio, digital-  y ataque a las juezas que lo han  juzgado y a él como  presidente por estar poniendo las cosas firmes, aseguró.

Y hay otros casos, en los que lamentablemente, por errores de la Fiscalía los procesados están no habidos; “por consiguiente no todos los que integran el sistema de justicia están actuando a la altura de las circunstancias, y si la Fiscalía no trabaja bien, el Poder judicial no puede dar la sentencias, ni las medidas de protección adecuadas”, finalizó el magistrado.

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(FIN) TMC/MAO

Publicado: 20/7/2022
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