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La Comisión de Economía del Congreso aprobó un dictamen que busca dejar sin efecto el Decreto Supremo 001-2022-TR, publicado en marzo último y donde se prohíbe a las empresas aplicar la tercerización laboral en “actividades pertenecientes al núcleo del negocio (actividades principales)”. Pero, ¿qué significa exactamente esto?