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El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, criticó que el titular de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura (FP),adelantara opinión y no remitiera al mandatario y a su defensa legal la documentación que sobre su caso se solicitó antes de someterse a un interrogatorio por parte de dicha instancia parlamentaria.


“Se nos contestó que si quería esa información, el presidente tenía que ir al Congreso”, señaló el letrado, en declaraciones a TV Perú.

Indicó que el lunes 20 de junio se envió un oficio al Parlamento, señalando que el mandatario recibiría siete días después a la Comisión de Fiscalización en Palacio de Gobierno, “pese a que no tiene competencia”. En tal sentido, se solicitó la remisión previa de todo lo actuado en esta investigación.


Al día siguiente se les respondió que si el presidente quería acceder a esta documentación, tendría que ir al Parlamento a declarar. “Al día siguiente el congresista Héctor Ventura dice que tiene pruebas contra el presidente”, refirió el abogado.

Esto constituyó un adelanto de opinión, añadió. Asimismo, Espinoza cuestionó que en esa misma declaración Ventura señalara que, dos días después de interrogar al mandatario, se tendría listo el informe final.

En tal sentido, se decidió que el presidente no declararía ante la Comisión de Fiscalización, pese a lo cual sus integrantes fueron hasta la sede de gobierno.


Cuestionamientos

Espinoza señaló que los parlamentarios buscaron concretar el interrogatorio al mandatario, a fin de señalar en el informe que tienen previsto emitir mañana, que este había tenido la oportunidad de dar sus descargos y de que se respetó su derecho al debido proceso.

Argumentó esa decisión señalando que este grupo parlamentario “no se rige bajo criterios de objetividad, sino de oportunidad y conveniencia”.

“El debido proceso no solo rige para procesos jurisdiccionales en el Poder Judicial o el Ministerio Público, sino que proyecta sus efectos en cualquier  escenario donde se discutan intereses de las personas, y por tanto, debe proyectar sus efectos en los procesos parlamentarios”, añadió.

Señaló que la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Caso Tineo Cabrera, establece que es necesaria “una tutela reforzada para órganos políticos que tienen funciones materialmente jurisdiccionales”, como el Congreso.

(FIN) FGM/VVS

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Publicado: 28/6/2022