Oficinas de legisladores suspendidos continúan operando

El Congreso de la República se encuentra en medio del escándalo tras conocerse que a pesar de la suspensión de varios legisladores, sus oficinas mantienen funcionando normalmente hasta con personal de confianza. Esta situación ha generado un alto gasto económico mensual para el Congreso, alimentando un debate sobre el reglamento de la institución y la necesidad de su revisión.

La legisladora María Cordero Jon Tay es el ejemplo más reciente de esta situación. Suspendida por 120 días desde el 5 de diciembre, su despacho sigue activo con siete empleados, lo que significa un costo mensual de S/ 41 mil. El despacho ha recibido al menos 10 visitas oficiales desde la suspensión de Cordero y sigue atendiendo llamadas telefónicas.

Esta situación es criticada por expertos en asuntos parlamentarios. Martín Cabrera calificó esta conducta de absurda y señaló que, aunque los congresistas suspensos se les recorta el sueldo, sus despachos siguen costándole al Congreso.

En el mismo sentido, el ex oficial mayor del Congreso, José Cevasco, apuntó que existe un gran vacío en el reglamento del Congreso que permite mantener activos los despachos de los legisladores suspendidos. Cevasco propone modificar el reglamento para permitir la incorporación activa de accesitarios y garantizar la representación continua de la población.

Hasta ahora, durante el periodo legislativo 2021-2026, cuatro congresistas han sido suspendidos durante 120 días: María Cordero, Enrique Wong, Pasión Dávila y Freddy Díaz. En cada caso, los despachos han continuado funcionando y generando costos significativos para el Congreso.

A pesar de la controversia, la Comisión Permanente aún no ha sometido a votación el informe final que recomienda acusar a Cordero por el presunto delito de concusión e inhabilitarla de la función pública por 10 años. Esta situación, al igual que los despachos de los congresistas suspendidos, subraya la necesidad de reforma en la política legislativa y la gestión.