Nueva ley permitiría a policías y militares ser juzgados en sus propios fueros: ¿Protección o impunidad?

La aprobación en primera votación de una iniciativa legislativa que amplía las competencias de la justicia militar-policial ha reavivado el debate sobre los límites del uso de la fuerza y la independencia de los órganos encargados de impartir justicia. 

La propuesta plantea que determinados delitos cometidos por policías y militares durante el cumplimiento de sus funciones sean considerados delitos de función y, por tanto, juzgados en sus propios fueros.

José Palacios, director de La Voz del Policía y especialista en Derecho Penal Militar, considera que la medida permitirá proteger a quienes arriesgan su vida enfrentando a la delincuencia. Sin embargo, su contraparte Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), advierte que la reforma podría favorecer escenarios de impunidad.

Respaldo a la labor policial, según José Palacios

En diálogo con Exitosa, José Palacios, director de La Voz del Policía y especialista en Derecho Penal Militar, sostuvo que la norma representa un respaldo necesario para los efectivos que enfrentan diariamente a organizaciones criminales.

"Este proyecto que se ha aprobado en realidad es un respaldo a la buena función del policía, para no ser perseguido por la Fiscalía, ahora que tenemos fiscales que incluso nos quieren denunciar por secuestro, abuso de autoridad, por el cumplimiento de nuestras funciones", afirmó.

Palacios rechazó que la iniciativa busque encubrir conductas irregulares dentro de la institución. Por el contrario, consideró que permitirá que los agentes actúen con mayor seguridad jurídica frente a situaciones de riesgo.

"La policía necesita el respaldo legal para el buen cumplimiento de sus funciones. Ya basta de perseguir al policía que abate a un delincuente (...) Esta norma va a empoderar la función policial", señaló.

Asimismo, argumentó que los jueces militares y policiales cuentan con conocimientos especializados sobre la labor operativa de los agentes, lo que garantizaría evaluaciones más ajustadas a la realidad del servicio.

Riesgo de impunidad, advierte Juan José Quispe

En diálogo con Exitosa, Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), calificó la propuesta como una medida incompatible con la Constitución.

"Se ha aprobado, como ya es costumbre del Congreso, una norma inconstitucional, en el sentido que establece que los delitos cometidos en el ejercicio de su función por miembro de la policía van a ser juzgados ya no en el fuero común, es decir, en el Poder Judicial, sino van a ser considerados como delitos de función", sostuvo.

El especialista señaló que delitos graves como homicidios o actos de tortura contra civiles no pueden ser considerados faltas propias de la función policial o militar.

"Un asesinato, una tortura cometida dentro de una comisaría contra un civil no puede ser considerado como un delito de función", remarcó.

Además, recordó que la Corte Suprema ha establecido desde hace décadas que este tipo de casos deben ser investigados y juzgados por la justicia ordinaria, con el fin de garantizar imparcialidad y respeto a los derechos fundamentales.

La propuesta legislativa ha puesto sobre la mesa dos visiones enfrentadas sobre el rol de la justicia militar-policial. Para sus defensores, representa una herramienta necesaria para proteger a quienes combaten la inseguridad ciudadana y evitar procesos injustos contra efectivos que cumplen su deber. 

Para sus críticos, en cambio, constituye un riesgo para la independencia judicial y podría dificultar la investigación de graves violaciones a los derechos humanos. El debate continuará en el Congreso, donde la iniciativa deberá enfrentar una segunda votación antes de definir su futuro.