Más del 70% de abogados del Minjusdh se dedican a defender a imputados en actos delictivos

¿Y LAS VÍCTIMAS?. Sector solicita más de S/40 millones para la defensa pública de procesados.

Cosa de locos. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) solicitó, a través de la Dirección General de la Defensa Pública, más de 40 millones de soles de presupuesto para la implementación del Subsistema Especializado Contra la Extorsión y Delitos Conexos, que incluye la contratación de personal CAS que se sume a las labores de defensores públicos.
Según el informe N° 23-2026-JUS/CEI-CPP, de fecha 27 de marzo del 2026, la suma requerida llega a 40 408 230 soles, de los cuales S/23 100 989 estarán destinados a la contratación de 443 servidores para las labores antes mencionadas, de los cuales 339 corresponden a defensores distribuidos en defensa de defensa penal legal para los imputados en diversos actos delictivos.
Lo cuestionable de esta solicitud de presupuesto está en el hecho que existe una brecha significativa entre los defensores públicos que se dedican a la defensa de imputados (victimarios) y las víctimas, siendo casi el 71% de la fuerza laboral operativa para el primer caso, cuando todo debería ser al revés.
Según documentos a los que pudimos acceder, del total de 2100 defensores públicos, aproximadamente 1300 son asignados a resguardar los derechos de los investigados y detenidos, en todo el Perú; mientras que entre 400 y 500 realizan el patrocinio legal de los agraviados (víctimas) y entre 300 y 400 cubren temas de familia. Es decir, más de 70% de defensores del Estado defienden a quienes son procesados por cometer un delito.
Cabe recordar que la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (SUNADEP) fue oficialmente creada mediante el Decreto Legislativo 1703 del 26 de enero del 2026. Esta nueva entidad absorbe por completo y reemplaza a la antigua Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Minjusdh y está en pleno proceso de transferencia.

En esa línea, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, anunció su compromiso de aumentar el número defensores públicos para las víctimas y los detenidos, así como gestionar mejoras en materia de personal, logística y presupuesto con otros sectores, con el objetivo de optimizar la atención y garantizar procesos más céleres.
“Veremos la incorporación de más defensores públicos, la implementación de un convenio de trabajo articulado, y gestionaremos ante el Ministerio de Economía para contar con los recursos necesarios para el fortalecimiento de su trabajo”, dijo a fines de marzo de este año.
Aunque parezca increíble, los más de 40 millones que el Minjusdh pide para implementar este subsistema es superior al monto que se le pretende asignar a la Policía Nacional del Perú (PNP) para su labor de prevención y combate contra el crimen (33 705 947 millones de soles).
La Ley no obliga a la Dirección General de Defensa Pública a contratar a más defensores de los victimarios que de las víctimas. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) organiza y distribuye a su personal de acuerdo con el presupuesto, las necesidades de la población y la carga procesal, según los lineamientos de la Ley del Servicio de Defensa Pública, Ley 29360.

Sería acusación

Cabe recordar que el actual director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Minjusdh es Abel Hurtado Espinoza, quien fue denunciado entre el 2009 y el 2014, por supuestos delitos de coacción, secuestro, ejercicio ilegal de la profesión, fraude procesal, falsificación documentaria y chantaje. Asimismo, en 2023 fue involucrado en caso Valkiria, el cual se ha archivado respecto a fiscales supremos y congresistas.