Mafia inmobiliaria desarticulada: 'Tío Luigi' capturado por usurpar viviendas de fallecidos

La detención de este cabecilla marca un precedente importante en la lucha contra el tráfico de terrenos en la capital. Tras un paciente seguimiento, los agentes policiales lograron identificar el modus operandi de la banda, que utilizaba documentación falsa y complicidad de malos funcionarios públicos.

El modus operandi de la red criminal

Según las investigaciones policiales, la organización criminal seleccionaba predios de personas ya fallecidas para usurparlos. Para lograr su objetivo, falsificaban minutas y contratos de compraventa, logrando inscribir estas propiedades a nombre de terceros en los Registros Públicos. La red contaba con apoyo interno de trabajadores del Poder Judicial y de la Sunat.

La banda además empleaba métodos violentos para asegurar sus operaciones ilícitas en distintos puntos de la ciudad. El seguimiento policial reveló que utilizaban a informantes para detectar propiedades deshabitadas. Uno de los casos más graves implica a un extrabajador que identificaba inmuebles sin consumo de servicios básicos, marcándolos como objetivos.

"La organización criminal se apropiaba de inmuebles y stands comerciales, llegando a administrar un promedio mensual de cuarenta y cinco mil dólares solo por el concepto de alquileres en el Jirón Paruro, enriqueciéndose ilícitamente a costa de las propiedades de personas fallecidas", indica la PNP.

Según Buenos Días, Perú, el cabecilla 'Tío Luigi', mantenía un estilo de vida ostentoso, movilizándose en vehículos de lujo y frecuentando zonas exclusivas mientras operaba esta mafia. Las autoridades confirmaron que el dinero obtenido del alquiler ilegal de los predios permitía financiar las actividades del grupo criminal y mantener sus lujos.

Violencia y medidas judiciales

El alcance de esta red llegó hasta el homicidio para concretar sus planes delictivos. Se les atribuyen al menos dos asesinatos ocurridos entre 2024 y 2025, vinculados con la disputa de propiedades o el silenciamiento de personas que conocían sus operaciones. Estos crímenes son parte central de la investigación fiscal actual.

Ante la gravedad de los hechos, el Poder Judicial dictó medidas restrictivas contra los implicados. Se han establecido 36 meses de prisión preventiva para el presunto cabecilla y su brazo legal, mientras que otros funcionarios públicos involucrados cumplen 18 meses tras las rejas. El resto de la banda enfrenta comparecencia restringida mientras continúan las diligencias.

La desarticulación de esta mafia representa un golpe significativo al tráfico de terrenos y la apropiación ilegal de casas. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si existen más funcionarios públicos coludidos en esta red que operaba con total impunidad en diversos sectores de Lima.