‘Las Corbatas Negras’: ¿de qué se acusa al presidente del Poder Judicial de Apurímac?

El Poder Judicial se encuentra en debate público. Esta vez, las investigaciones se centran en la Corte Superior de Justicia de Apurímac donde operaría la organización criminal conocida como ‘Las Corbatas Negras’.

La Fiscalía Suprema y la Policía Nacional del Perú intervinieron directamente en la sede institucional de la región.

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El operativo ha revelado un presunto sistema de dádivas y direccionamiento de fallos judiciales a cambio de dinero. La situación compromete la legitimidad administrativa de los magistrados locales.

El caso tomó notoriedad tras la detención del magistrado José Alberto Tinco Luján. El funcionario ejercía funciones clave dentro de la Corte Superior de Justicia de Apurímac antes de la intervención.

Las autoridades lo señalan como presunto cabecilla de esta red delictiva que operaba al interior del sistema.

Acusaciones de extorsión y la figura de la presidenta en la sombra

Los testimonios recogidos por la Fiscalía revelan un presunto esquema de cobro de cupos a trabajadores de la institución.

Según las indagaciones de ‘Las Corbatas Negras’, las presiones se ejercían bajo la amenaza de no renovar los contratos laborales.

La cónyuge del investigado, Eleonora Yntusca Janampa, es señalada como una figura con alta influencia en la toma de decisiones.

Las investigaciones de la Fiscalía la catalogan como una presunta operadora clave en la coordinación de favores judiciales.

Su implicación se basa en declaraciones de testigos protegidos que laboraban en la Corte.

El uso de festividades religiosas tradicionales también ha sido consignado dentro del expediente de acusación fiscal.

Las autoridades detectaron que se solicitaban cuotas de dinero bajo el pretexto de una supuesta colecta comunitaria.

Los montos recaudados habrían servido como fachada para el cobro de coimas y archivamiento de casos.

Direccionamiento de procesos y represalias a magistrados

La red criminal de ‘Las Corbatas Negras’ habría utilizado a secretarios judiciales para la manipulación de expedientes de manera sistemática.

A través de este mecanismo, se direccionaban los casos hacia estudios de abogados seleccionados por la organización. Este procedimiento ilegal buscaba beneficiar de manera ilícita a determinados clientes.

Aquellos jueces que se oponían a los requerimientos económicos de la red sufrían represalias administrativas y destituciones.

Tal es el caso de magistrados a quienes se les denegó la renovación en sus cargos por negarse a pagar cupos. El testimonio de los afectados ha sido clave para la solicitud de prisión preventiva.

La Autoridad Nacional de Control había dispuesto previamente una suspensión temporal para el principal magistrado implicado.

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Sin embargo, recursos legales posteriores le permitieron retomar sus funciones mediante una medida cautelar.

Actualmente, el Ministerio Público continúa con las investigaciones para determinar el alcance total de la red en la región.

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