La incierta libertad de Fujimori tras demanda de amparo y críticas internacionales

Alberto Fujimori, exmandatario de Perú, vuelve a ser centro de atención tras ser liberado por orden del Tribunal Constitucional, pese a que está implicado en un caso de esterilizaciones forzadas. Esta decisión ha generado una ola de críticas y tensiones tanto a nivel local como internacional.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, a través de una demanda de amparo, declaró como nula la apertura de instrucción en el caso de las esterilizaciones forzadas. Asimismo, ordenó al juez penal a cargo del caso emitir un nuevo pronunciamiento conforme a ley.

En respuesta a esta decisión, el juez Littman Ramírez Delgado dispuso el retorno de todo el expediente a la fiscalía. Parte del expediente incluía acusaciones contra Fujimori por lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de grave violación a los derechos humanos agravio de cinco personas y lesiones graves contra más de 1.300 víctimas.

En este contexto, la fiscalía deberá presentar una nueva formulación de denuncia penal por el caso esterilizaciones forzadas. Tras la decisión, se ha mencionado que el caso vuelve a estar en una etapa preliminar, generando críticas por lo retroceso que representa. De acuerdo con el abogado penalista del IDL, Juan José Quispe, el caso "estaría en la etapa de la investigación fiscal" y mencionó este hecho como un retroceso absoluto.

Mientras tanto, el abogado de Fujimori, Elio Riera, dio una perspectiva diferente y señaló que se trata de una oportunidad para "tipificar claramente el delito que se estaba imputando al expresidente".

En un giro adicional, el Estado peruano envió un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto al caso de Fujimori, contraviniendo la postura que había mantenido Perú en los últimos años. Según Delia Muñoz, exprocuradora supranacional, la Corte IDH “carece de facultades para imponer una sanción al Estado”.

La liberación de Fujimori continúa generando polémica y pone a Perú en el centro de una controversia internacional sobre los derechos humanos y la justicia penal.