Investigación fiscal amenaza la estabilidad de vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz
Intensa jornada de pesquisas en el Congreso por presunto aprovechamiento indebido del cargo y nepotismo de la tercera vicepresidenta, Rosselli Amuruz.
La Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación preliminar contra la tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz, por posible negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. El epicentro de este tornado político se encuentra en las contrataciones en el Parlamento de personas allegadas a su pareja, el ex legislador Paul García.
Los fiscales adjuntos Lesly Silva y Óscar Polanco, del área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, visitaron el Congreso para obtener documentación sobre la nómina de trabajadores parlamentarios. La visita se llevó a cabo en la Oficialía Mayor y la Dirección General de Administración, con una duración de dos horas.
Mientras los fiscales buscaban evidencias, Rosselli Amuruz continuaba con sus actividades, incluyendo una sesión de la Comisión Especial de Elección del Tribunal Constitucional y una reunión con el alcalde del distrito de Cascapara, Ancash, Jorge Infante Jara.
El caso cobró notoriedad cuando un medio escrito reveló que ocho personas cercanas a García operaban en oficinas ligadas a Amuruz o habían sido contratadas por ella. Entre ellos está Erik Enrique, fichado en la Oficina de Comunicaciones del Congreso en agosto del año pasado, y Angie Gómez Acosta, esposa del asesinado comunicador Christiam Enrique, quien aparece como técnica en la planilla del Congreso.
Además, Rony Enrique y Alejandra García Oviedo, hermana de Paul García, figuran en la nómina. Al igual que Carmen Neyra Jiménez, asesora de Amuruz y personera legal del movimiento regional Más Callao en 2022
En defensa de Amuruz, se justificó alegando que la selección de trabajadores para las oficinas parlamentarias se basa en la experiencia y la capacidad de los candidatos, especialmente aquellos con experiencia parlamentaria. Sin embargo, se argumenta que la vicepresidenta no tiene la última palabra en las contrataciones, ya que el Congreso evalúa los CV para asegurar que los candidatos cumplen con los requisitos para cada puesto.
Este escándalo pone en una difícil posición a Rosselli Amuruz y a su bloque político, avanzando país, poniendo en juego su estabilidad en el parlamento y su credibilidad política.
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