SAC archiva denuncia contra Alberto Otárola y sus ministros por lesiones y muertes en las protestas del 2023

En su sesión desarrollada esta mañana, la Subcomisión de Acusaciones Constitucional (SAC) del Congreso, declaró improcedente la denuncia constitucional formulada contra el ex primer ministro Alberto Otárola y sus ministros de Estado. 

La acusación corresponde a las muertes y lesiones suscitadas en las manifestaciones contra la asunción al cargo de la presidenta Dina Boluarte desde el 7 de diciembre de 2023, tras el intento de golpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo. 

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El grupo de trabajo parlamentario, presidido en esta oportunidad por Jorge Montoya (Honor y Democracia), tomó en consideración la Denuncia Constitucional 338, interpuesta por la congresista Kelly Portalatino Ávalos (Perú Libre).

Según el texto acusatorio, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP), hicieron un "uso excesivo y desproporcionado" de la fuerza contra los ciudadanos que alzaron su voz contra la sucesión constitucional. 

Tras la exposición de motivos y debate, la SAC consideró que "no existen elementos probatorios de que los denunciados hayan tenido participación, conocimiento o hayan omitido algún deber de cuidado" con respecto al caso. Además, de que ninguno de los denunciados se manifestó a favor de las Fuerzas Armadas y policiales.

En ese sentido, con 11 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, la Subcomisión de Acusaciones Constitucional declaró improcedente la acusación constitucional. Cabe señalar que, el parlamentario Flavio Cruz (Perú Libre) presentó una reconsideración, la misma que obtuvo nueve votos en contra y cinco a favor.

Fiscalía denunció constitucionalmente a Dina Boluarte

Por el mismo caso, la Fiscalía de la Nación denunció constitucionalmente a la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de lesiones leves y graves en agravio de los ciudadanos Ronald Rojas Ramos, Michael Chipana Vega y otros. 

Cabe señalar que, denuncia también alcanza a Pedro Miguel Angulo Arana, Luis Alberto Otárola Peñaranda, César Augusto Cervantes Cárdenas, Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.

La imputación está vinculada a las protestas sociales que se llevaron a cabo durante el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Puno, así como en Lima Metropolitana.

Desde el Congreso, el ex primer ministro y su Gabinete Ministerial de aquel entonces no serán investigados por los hechos de violencia ocurridos entre 2022 y 2023. No obstante, desde el Ministerio Público todavía hay un proceso pendiente.