Poderes judiciales de Iberoamericana aprueban cuatro proyectos sobre uso de inteligencia artificial en la justicia

Destacan aportes de Perú en el tema de la sistematización de la jurisprudencia y su clasificación por materias

Los representantes de los poderes judiciales de Iberoamérica, reunidos en Lima, que participan en la Primera Reunión Preparatoria de la XXIII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI), aprobaron por unanimidad cuatro proyectos de trabajo relacionados con el uso de la inteligencia artificial (IA) en el servicio de justicia.

El primero de ellos es la ‘Plataforma Iberoamericana de Jurisprudencia Inteligente, Gestión Documental y Datos Judiciales’, en el que participaron delegados de los poderes judiciales de Perú, España, Chile, Panamá, El Salvador y Ecuador.

La sustentación de esta iniciativa estuvo a cargo del director del Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España, Joaquín Silguero Estagnan, quien señaló que esta no es una base de datos más de las que tiene cada sistema judicial de los países miembros.

Explicó que este proyecto busca construir un espacio de colaboración con estándares compartidos de interoperabilidad, de anonimización (eliminación de referencias a identidad) y de trazabilidad.

Señaló que el objetivo general es impulsar el diseño y desarrollo de una plataforma que permita a los países integrantes de la CJI aprovechar mejor sus recursos de jurisprudencia, gestión documental, datos abiertos y buenas prácticas de IA judicial.

Además, indicó que la iniciativa pretende ofrecer un diagnóstico regional sobre repositorios jurisprudenciales de los propios sistemas de gestión procesal, archivos digitales, portales de datos y de herramientas que están relacionadas con la tutela de los derechos fundamentales.

Silguero Estagnan destacó, además, la contribución de las instituciones judiciales de los países que trabajaron este proyecto, entre ellos el Poder Judicial de Perú, que aportó la sistematización de la jurisprudencia y su clasificación por materias.

“No estamos hablando de un proyecto tecnológico más, es una apuesta por la realidad del Estado de Derecho en el entorno digital, tratamos de ordenar la jurisprudencia, proteger los datos, fortalecer la transparencia”, recalcó.

Segundo proyecto

Otro proyecto aprobado es el ‘Sistema Iberoamericano de Productividad Jurisdiccional y Redacción Asistida con Supervisión Humana’, en el que participaron Perú, Chile, España, Venezuela, Panamá, República Dominicana y Guatemala.

La presentación estuvo a cargo de la directora general técnica del Poder Judicial de República Dominicana, Gervasia Valenzuela Sosa, mientras que la magistrada Mery Layme Collado dio detalles de la iniciativa.

Esta última señaló que el proyecto tiene como fin poner la IA al servicio de la justicia para fortalecer la eficiencia, tener proyectos más ágiles y respuestas más oportunas para las y los usuarios.

Además, esta iniciativa permitirá contar con una mejor capacidad operativa y de respuesta en los recursos técnicos y humanos, siempre con redacción asistida de las decisiones judiciales bajo la supervisión y el control humano.

Explicó que la decisión siempre tiene que estar a cargo de una persona para garantizar la independencia judicial, la transparencia, el debido proceso en todas las etapas que haya redacción asistida de las decisiones judiciales.

“El objetivo principal es construir un modelo iberoamericano común de productividad jurisdiccional y redacción asistida con supervisión humana”, detalló la magistrada.

Proyecto tres

El tercer proyecto ‘Marco Iberoamericano sobre Gobernanza, Transparencia, Explicabilidad, Ética y Capacitación’, fue expuesto por el coordinador nacional del Órgano Judicial de Panamá ante la CJI, Armando Medina Marín, y la coordinadora nacional del Tribunal Supremo de Justicia de Portugal ante la CJI, magistrada Sandra Dos Reis.

Medina Marín sostuvo que esta iniciativa posee un carácter integrador y estratégico, puesto que articula y armoniza ocho propuestas presentadas por Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Colombia y Portugal.

Señaló que estos planteamientos convergen en la construcción de estándares comunes sobre ética digital, gobernanza tecnológica, prevención de sesgos algorítmicos, protección de datos, justicia abierta, auditorías de sistemas de IA y fortalecimiento de capacidades institucionales.

El proyecto plantea también la elaboración de una Guía Interactiva Iberoamericana concebida con una herramienta dinámica bilingüe y actualización permanente.

Esta guía reunirá principios, lineamientos, protocolos, estándares, modelos de gobernanza, mecanismos de auditoría, herramientas de autoevaluación, repositorios de buenas prácticas y recursos formativos.

Medina Marín explicó que el documento estará dirigido a los jueces, las juezas y servidores judiciales, así como a los demás operadores del servicio de justicia.

Además, tendrá como objetivo general promover el uso ético, transparente, explicable, seguro y centrado en los derechos humanos, en la IA en el ámbito judicial para fortalecer la confianza pública, la protección de los derechos fundamentales, la supervisión humana significativa y la cooperación entre los poderes judiciales iberoamericanos.

Protección de personas

En cuarto lugar fue aprobado el proyecto denominado ‘Marco Iberoamericano de Riesgos, Sesgos, Evidencia Digital y Protección de Personas Vulnerables’, en el cual intervinieron Perú, Colombia, Argentina, Panamá, Chile y Portugal.

Esta iniciativa también incluye una Guía Judicial Iberoamericana sobre IA y derechos humanos con enfoque en acceso a la justicia y protección de personas en condición de vulnerabilidad.

El coordinador nacional de la Corte Suprema de Argentina ante la CJI, Damián Ignacio Font, expuso que el proyecto busca proporcionar evidencia comparada, lineamientos prácticos y criterios de evaluación para que los operadores judiciales utilicen la IA de manera segura, ética y compatible con los estándares internacionales de derechos humanos.

Señaló que, en cuanto a la estructura, alcance e impacto, la Guía Judicial Iberoamericana se concibe como una herramienta práctica frente a los desafíos que plantea la incorporación de tecnologías basadas en IA en los procesos judiciales.

“Su objetivo central es ofrecer respuestas concretas a una pregunta fundamental ¿cómo debe actuar un operador judicial cuando una tecnología influye o interviene en un caso sometido a su conocimiento?”, explicó.

En la parte final de la sesión, algunos de los participantes formularon comentarios sobre los proyectos y, posteriormente, fueron aprobados cada uno con el voto unánime de los participantes.