(OPINIÓN) Richard Arce: “El general no tiene quién le escriba”

Seguimos en la brega desde esta trinchera, desde la que ustedes nos permiten a diario hacer las denuncias incómodas y poder cuestionar el abuso de la clase política que nos gobierna, así que reafirmamos ese compromiso.

Ahora el Congreso quiere tener la prerrogativa de destituir a jueces y fiscales supremos; en palabras sencillas: busca atribuirse poderes absolutistas para que los impresentables que están en el Parlamento se entrometan en las decisiones judiciales. Son tan sinvergüenzas que ahora que pretenden tumbarse a todos los magistrados de la Junta Nacional de Justicia están empoderados y quieren manosear la justicia para sus fines nada santos. Recuerden, si no, cuáles son las bancadas del Congreso que representan a partidos políticos que son considerados organizaciones criminales y, en las que además, hay congresistas prontuariados —5 con sentencia vigente y uno prófugo de la justicia al que hasta ahora ni reemplazan—.

Partiendo de ahí ya hay un serio conflicto de intereses para que subordinen a otro poder del Estado, que es en realidad el argumento más contundente de defensa de la institucionalidad del sistema de justicia, porque las democracias se cimientan en la independencia de poderes, el equilibrio y contrapesos constitucionales que garantizan que ningún poder someta a otro.

Enumeremos a algunas bancadas que tienen a sus líderes con procesos judiciales que, por la gravedad de los delitos, van a terminar con sentencia, y por ello han arrastrado a sus partidos a ser considerados organizaciones criminales. Empecemos con Perú Libre: tienen a Cerrón sentenciado y prófugo; Fuerza Popular con un pedido de cárcel de casi 20 años para Keiko; Podemos con sus dueños considerados como los gánsteres de la política; Alianza para el Progreso con los Acuña y todos sus entuertos judiciales, y hay más.

Los congresistas quieren poner al gato de despensero, sería prácticamente una coacción a los jueces y fiscales que se atrevan a investigarlos o sentenciarlos si es que tuvieran esta atribución. Por cierto, se presta para esta componenda el exgeneral Roberto Chiabra, justamente de APP, que además tiene de yerno al abogado Aníbal Quiroga que defiende a la cuestionada Patricia Benavides, otro conflicto de interés.

Chiabra quiere ser presidente y recuerden que un día juró entregar su vida vistiendo el uniforme de nuestro Ejército; ahora es el alfil de estas pretensiones sibilinas de los congresistas, avisados estamos.

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