OPINIÓN | Mario Amoretti: Legalidad de denuncia constitucional contra el presidente Castillo

A la verdad que ya no sorprenden nuevas denuncias formuladas por la Fiscalía de la Nación contra el presidente Pedro Castillo y congresistas vinculados a diversos delitos, basado en informaciones verificadas por aspirantes a colaboradores, cuya validez, está reconocida en la casación 292- 2019, al considerar que las afirmaciones que realizan quienes se acogen a esta condición, constituyen “sospecha fundada y grave”, que se erigen como elementos de convicción sobre actos de investigación en el curso de la averiguación del delito, que autorizan a los jueces a dictar diversas decisiones y medidas limitativas e inclusive para dictar mandato de detención en el nivel más intenso de la sospecha, que requiere un alto grado de probabilidad que el investigado se encuentra vinculado al o los delitos imputados, es decir, la información formulada tiene que ser corroborada, con otros medios probatorios; su validez, no está supeditada a los datos que proporcionen, sino a la comprobación de lo comunicado al fiscal, tal como se ha establecido en la norma procesal y en la ejecutoria en mención.

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De acuerdo a la forma como vienen actuando algunos congresistas que se encuentran seriamente vinculados con el presidente Castillo, conexión que no es gratuita de acuerdo a las medidas de allanamiento e incautación ordenada por el juzgado a pedido del fiscal, después de haber comprobado la existencia de pruebas, evidencias o indicios razonables de las ilicitudes que han cometido los llamados “niños”, que llegado el momento deben ser procesados y sentenciados, tomando en consideración las informaciones de los colaboradores que han sido debidamente corroborados, pues ha servido para que se dicten las medidas antes referidas y demuestran que están seriamente comprometidos, en las imputaciones y delitos por los cuales han sido denunciados, hechos por los cuales por el momento gozan de inmunidad, pero no de impunidad.

La desesperación, ante el descubrimiento de sus actividades presuntamente delictiva, a sus defensores y allegados, lo están llevando al extremo de utilizar diversas acciones para evitar que el presidente Pedro Castillo, su entorno familiar y amical no sea investigado, tales como: amenazas contra la vida e integridad física de la Fiscal de la Nación y sus hijos, contra los fiscales que están verificando investigaciones a familiares y allegados al presidente; asimismo, vienen efectuando procesos constitucionales de amparo para que el Congreso de la República, la fiscalía de la Nación, no se le siga investigando, igualmente de hábeas corpus, nulidades de resoluciones dictadas por la fiscalía de la Nación al disponer se inicien investigación en su contra, medidas cautelares, etc.

El sostener que las declaraciones de los colaboradores eficaces, son invenciones de la fiscalía o de la oposición, no tienen ningún fundamento legal, como ya ha sido resuelto por el órgano jurisdiccional en algunos de sus pedidos, por la carencia de sustento. Además, de inusitados cambios de altos mandos policiales.

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— Exitosa Noticias (@exitosape) October 14, 2022