OPINIÓN | Mario Amoretti: Fiscalía de la Nación está dando golpe a la corrupción y no golpe de Estado

Casualidad o cortina de humo, el caso de Odebrecht, opinión de un miembro de la Junta Nacional de Justicia, por la “destitución” de la Dra. Elvia Barrios –presidenta del Poder Judicial-y del Dr. Pablo Sánchez Velarde –quien denunció a Pedro Castillo– que se pretende, que no sigamos ocupándonos del último; la suspensión de la colaboración jurídica dispuesta por Brasil con Perú, nos trae consecuencias muy lamentables, tanto en lo económico como en lo judicial, pues han pasado varios años y no conocemos la identidad de los codinomes; es decir, no sabemos qué funcionarios y empresarios han estados coludidos ilícitamente en diversos contratos que se celebraron para la construcción de obras, incurriéndose en delitos de colusión, negociación incompatible, etc., a cambio de sumas de dinero en agravio del Estado y de todos los peruanos, por la forma como se celebraron, lo real y concreto, nos ofrecieron la recuperación de parte de lo apropiado y lógicamente la correspondiente sanción para sus autores en ambas nacionalidades.

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Es lamentable que un miembro de la Junta Nacional de Justicia opine por la destitución de la Dra. Elvia Barrios, por la contratación de su ex esposo en el Jurado Nacional de Elecciones, al igual que con el hijo del Dr. Pablo Sánchez, máxime si el artículo 381 del Código Penal sanciona al funcionario público que hace un nombramiento para cargo público, cuando no concurren los requisitos legales, será reprimido con sesenta a ciento veinte días multa y dado el tiempo transcurrido ha prescrito.

Además, se sostiene que ambos son responsables, por no haber denunciado a su esposo e hijo, pero al parecer, no se toma en consideración de lo que se conoce como excusa absolutoria, en el hipotético y negado caso, de que hubiera esta supuesta obligación, la esposa y el padre están exentos de responsabilidad penal, motivo por el cual la Junta Nacional de Justicia no tiene sustento legal para destituirlos. Se les pretende sancionar por conducta de terceros y no por inconducta funcional, o sea, que hayan realizado acto ilegal en el ejercicio del cargo.

Sostenemos que es de vital importancia que la OEA conozca a cabalidad que en la actualidad la Fiscalía de la Nación está llevando un fuerte GOLPE A LA CORRUPCIÓN Y NO UN SUPUESTO GOLPE DE ESTADO como se pretende sostener; y lo más sorprendente es que un ministro declare públicamente que Yenifer Paredes, la cuñada del presidente de la República, ha sido torturada en el interior del penal, donde sufría prisión preventiva a fin de que “asuma” supuesta responsabilidad, declaración que no tiene ningún sustento procesal penal, desde el momento en que el juzgado decretó prisión preventiva por estar inmersa en los delitos imputados, de tal manera, que no era necesaria ninguna supuesta declaración posterior; y, es más, el INPE está bajo la dependencia del Ministerio de Justicia, o sea, son funcionarios del gobierno, quienes deben responder.

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