[Opinión] Gabriel Ortiz de Zevallos: “Gobierno electrónico y protección de data no pueden depender del Ejecutivo”

En el Perú hay muy pocas cosas que se pueden predecir con exactitud. Un par de certezas: nada puede cambiar la calidad de atención del Estado a la ciudadanía como la tecnología, es casi nuestra última esperanza para un Estado disfuncional; la otra es que las próximas elecciones, ocurran cuando ocurran, se van a dar en un ambiente polarizado a morir. Nada nos asegura que elijamos mejor, y sí hay mucho que indica que el Estado va a seguir siendo descoordinado, corrupto o calienta-asiento por vocación fundamental.

El poder que la tecnología podría darle al ciudadano para transparentar cuán malo o bueno es el Estado sería inmenso, revolucionario. Ya, hoy, por ejemplo, el Ejecutivo tiene georreferenciados todos los establecimientos de educación y de salud, ¿por qué no están en Google Maps? Los usuarios podrían ponerle estrellitas y comentarios sobre cómo los atienden, colgar fotos sobre cuál es el estado físico de los mismos, saber si hay o no elementos fundamentales para prestar los servicios. Cada uno de los locales donde funciona una institución pública debería estar georreferenciada y subida a Google Maps, cuando menos. En estricto, debería haber una base de datos que no solo tiene su ubicación, sino quiénes trabajan allí, en qué condiciones (infraestructura, acceso a servicios básicos, con los materiales que requieren o no, etcétera), y qué resultados obtienen en la prestación de esos servicios (logros de aprendizaje en colegios, número de consultas e indicadores similares en entidades de salud, horas de servicio y calidad de agua en las empresas de agua y saneamiento, etcétera, con la actualización periódica de la data relevante, bajo responsabilidad de cada autoridad).

Essalud tiene dos hospitales concesionados a los cuales se les aplica una serie de indicadores de calidad de servicio. Esos mismos indicadores son un punto de partida para generalizar la obligación de medir y publicar esa data para todo establecimiento de salud similar.

La semana pasada sugerí que el satélite debería poder ubicar la población en riesgo por huaicos en mapas distritales, y que sea responsabilidad política del alcalde tener un plan de reubicación para determinada fecha. De la misma manera, debería tenerse claramente georreferenciada qué población tiene brechas de acceso a infraestructura básica, cuáles son los proyectos que se necesitan para que ello se resuelva, cuánto cuestan, y declarar por ley que no se permite invertir dinero en obras ornamentales mientras existan necesidades básicas insatisfechas. Se debe hacer un seguimiento anual de la evolución de ello, y de los indicadores socioeconómicos más vinculados a ellos, como desnutrición crónica y otros.

Todo trámite debería poder ser electrónico, y adaptándose a los equipos móviles que tiene la población, y las transferencias de los programas sociales realizadas por billeteras electrónicas. Allí donde falte servicio telefónico y de conexión de Internet, habría que priorizar su cobertura. Los sistemas de salud deberían redefinirse para adaptarse a este cambio tecnológico también, porque no se va a poder tener los especialistas que se requieren en todo el territorio. La data debería ser centralizada y optimizada con inteligencia artificial, etcétera.

Con cuatro niveles de gobierno y sin partidos políticos, el Estado peruano tiende a ser un desmadre. Mucho puede hacer la tecnología, uniformizada y con visión ciudadano-céntrica. Para ello, ni la oficina de gobierno electrónico ni la de protección de datos deberían depender del Poder Ejecutivo. O se forma una agencia especial para liderar esa transformación que integre a los peruanos más necesitados a este mundo global, o podrían formarse equipos técnicos que estén bajo la batuta de la Defensoría del Pueblo, encargada de velar porque el Estado cumpla su deber con todos los ciudadanos peruanos, principalmente con los que menos tienen. Se puede perfectamente tener indicadores precisos de cómo están los peruanos en cada parte del país, qué problemas los aquejan y cuánto está haciendo el Estado en sus diferentes niveles para lograrlo, pero se necesita autonomía y poder para exigir cambios y velocidad, de todos los niveles de gobiernos que se deben a los ciudadanos.