[OPINIÓN] Ana Jara: “¡De terror! Agresores sexuales en los colegios”

Es francamente repudiable tomar conocimiento, gracias a un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, que en determinados colegios de Amazonas y Loreto se estaría contratando a profesores sindicados o denunciados por violación sexual para el año escolar 2023 y que mantendrían contacto con los niños y adolescentes en las aulas, exponiéndolos a situaciones de alto riesgo o peligro. Esto, la verdad, ya se venía venir, pues pese al marco normativo existente, las autoridades de las Unidades de Gestión Educativas Locales de los gobiernos regionales incumplirían con verificar trimestralmente que sus docentes y personal administrativo no estén inscritos en el “Registro de personas procesadas o condenadas por delitos de violación de la libertad sexual” (numeral 11.1 del D.S. 004-2017-MINEDU); negligente conducta que atenta contra la integridad física y emocional de estas poblaciones vulnerables, sin que se conozcan sanciones drásticas que pueden ir hasta la destitución del servidor público por omitir sus funciones, aprovechándose del desorden que reina en la administración pública y la poca fiscalización por parte del Ministerio de Educación y, en su caso, la Contraloría General de la República. Aunque es justo reconocer que esta última hace operativos anuales de visita a los colegios del país, cuyos resultados notifican a las direcciones regionales de Educación para las correcciones pertinentes, pero pareciera que van a parar al cajón de algún burócrata.

¿Cómo puede ser posible que no se actúe con diligencia y celeridad en estos casos?, no advierten acaso que con ello promueven la impunidad para esta clase de delitos, teniendo de una parte, a los operadores de justicia que dejan sueltos en plaza a los violadores y de la otra, autoridades educativas que negligentemente permiten la contratación de personas cuestionadas por agresiones sexuales.

No hay derecho que los padres de familia hagan el esfuerzo, a veces sobrehumano, para enviar a sus hijos al colegio a estudiar, creyendo que los dejan en espacios seguros y no en la boca del lobo.

Aquí no hay pretexto que valga, porque aunque fuera el caso, que el citado registro de responsabilidad del Poder Judicial no presentara información completa que le permita a la UGEL y a los directores no contratar o separar a estos depredadores sexuales de sus filas, pues los órganos instructores y sancionadores del Poder Judicial deben castigar con severidad a los responsables y hacer los correctivos.

¿En cuántas otras regiones pasará lo mismo? Al 2022 se reportan 106, 728 instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional, según la Contraloría General, por lo cual estamos ante una población estudiantil de alrededor de 7 millones de niños en latente peligro.