[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “Maquinaria lenta, cruel y demencial”

Algo está funcionando demasiado mal en la justicia peruana para que recién después de 10 años de proceso judicial se emita la sentencia del caso La Centralita y en primera instancia; no es el veredicto definitivo porque todavía cabe la apelación. Y la investigación fiscal comenzó en el año 2011, así que son 13 años en total de punta a punta.

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De otro lado, el juicio oral a Susana Villarán recién se iniciará en 2025, es decir a 10 años del crimen y a seis de comenzadas las investigaciones. Aquí la agravante es que la propia Villarán reconoció en 2019 su culpabilidad, así que tampoco hay tanto por indagar. También los casos de Toledo son clamorosos. Todo el lío de Ecoteva y la mansión de Casuarinas se conoció en 2013, pero ese hijo de Cabana recién fue formalmente acusado en 2019 y su juicio oral tuvo que esperar hasta 2023. ¡Imagínense para cuándo tenderemos el veredicto en primera instancia!

Por el caso Interoceánica se le acusó en 2020 a Toledo y recién este marzo se inicia la fase de control de acusación, en donde un juez revisa la acusación fiscal para certificar que es correcta y pasarle el caso al juez que recién iniciará el largo juicio oral. Otro aspecto alucinante de nuestra justicia son las penas que se piden. A Keiko y a Nadine les quieren imponer más de 30 años, como si ambas hubieran puesto un coche-bomba. Y de procesarse a Otárola por cariñoso a la hora de repartir cargos públicos a sus amiguitas, recibiría entre 12 y 15 años de prisión.

Esas penas son otros excesos por donde se les vea y es culpa de los legisladores. Y qué hablar de las reparaciones civiles, donde se exigen cifras astronómicamente millonarias que evidentemente el condenado no tiene. Otra salvajada fue la introducida por la exministra Pérez Tello, que amplió el plazo de investigación hasta unos larguísimos 6 años si se aduce la gaseosa imputación de “organización criminal”, lo que ha fregado irónicamente a su presidente PPK que firmó ese exceso.

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