ONU preocupada por uso excesivo de la fuerza en Perú

La represión de las fuerzas del orden, el constante estado de convulsión social, la alta tasa de embarazo adolescente y el juicio que afronta Pedro Castillo han motivado el pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Su pedido expreso: que el gobierno de Dina Boluarte haga público su informe.

El Comité de Derechos Humanos, órgano supervisor del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, analizó entre el 27 de febrero y el 24 de marzo el Sexto Informe Periódico del Perú sobre derechos humanos, y emitió sus observaciones finales sobre el uso de la fuerza durante las protestas, las excesivas declaratorias de estados de emergencia, el proceso de elección del titular de la Defensoría del Pueblo, los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes, y al proceso penal contra el exmandatario Pedro Castillo.

En relación a la actuación de las Fuerzas del Orden durante las manifestaciones, especialmente entre diciembre y enero pasado, el Comité recomienda al Perú adoptar medidas para prevenir y eliminar de manera efectiva el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes policiales y del ejército.

Indica, además, que se debe “garantizar que las presuntas violaciones de los derechos humanos que pudieran haberse cometido en el marco de manifestaciones, incluyendo aquellas que hubieran podido tener lugar en el marco de las protestas sociales desde el 7 de diciembre de 2022, sean investigadas sin demora y de manera exhaustiva, imparcial y eficaz”.

El Comité de Derechos Humanos señala en sintonía con lo anterior su preocupación por las excesivas declaratorias de estados de emergencia y la suspensión de los derechos fundamentales “que solo deben ocurrir en situaciones verdaderamente excepcionales”.

Por otro lado, el Comité sostiene que la sentencia del Tribunal Constitucional del 23 de febrero del 2023 a favor del Congreso de la República ha abierto la posibilidad de “reducir las mayorías parlamentarias” en la elección del Defensor del Pueblo.

“El Estado parte debe asegurar que los proyectos de ley relativos a los procedimientos para la selección y el nombramiento del titular de la Defensoría del Pueblo de Perú garanticen su plena transparencia y su independencia política, de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (los Principios de París)”, puntualizó.

El organismo internacional también se pronunció sobre los casos de mortalidad materna y los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes. “Al Comité le preocupa que el aborto sigue tipificado como delito, salvo en los supuestos en que corran serio peligro la vida o la salud de la embarazada, y que las tasas de violaciones y violencia sexual contra los adolescentes continúan siendo altas, lo cual conlleva a una alta incidencia de embarazos forzados”.

En ese sentido, le pide al Perú revisar su legislación con miras a garantizar un acceso seguro, legal y efectivo al aborto cuando la vida y la salud de la mujer o la niña embarazada estén en peligro.

Por otro lado, el Comité de Derechos Humanos solicitó al Estado peruano garantizar que el proceso penal en contra del expresidente Pedro Castillo “se desarrolle con pleno cumplimiento de las garantías propias del derecho a un juicio justo tal como se reconocen en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, al que se encuentra adherido el Perú.

El Comité también recomienda al gobierno de Dina Boluarte dar a conocer este informe a la ciudadanía.