ONPE sanciona a Fuerza Popular con 36 UIT y la pérdida del 50% de su financiamiento por uso indebido de fondos

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) resolvió imponer a Fuerza Popular una sanción que combina dos medidas de fuerte impacto: una multa de 36 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y la pérdida del 50% del financiamiento público directo (FPD) correspondiente al semestre en curso.

La decisión se sustenta en la calificación de infracción muy grave, tras comprobarse que el partido destinó recursos estatales a fines distintos de los permitidos por la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).

El procedimiento sancionador

La investigación se inició luego de que la Subgerencia de Verificación y Control detectara irregularidades en los informes de gasto del financiamiento público directo de 2024.

El procedimiento administrativo sancionador (PAS) concluyó que Fuerza Popular utilizó parte de esos fondos en actividades que no encajan dentro de los objetivos de formación, capacitación y funcionamiento ordinario que establece la LOP.

La resolución enfatiza que la tipicidad de la infracción está claramente prevista en la norma y que las organizaciones políticas tienen la obligación de conocer y cumplir las disposiciones publicadas.

Los gastos cuestionados

Entre los desembolsos observados figuran capacitaciones realizadas en el extranjero, programas académicos como una maestría en gestión pública programada fuera del plazo legal, servicios accesorios para eventos —incluyendo plataformas giratorias— y pagos por intereses moratorios derivados de retrasos.

Para la ONPE, estos gastos no guardan relación con el uso correcto del financiamiento público, lo que configura una infracción muy grave y afecta directamente la confianza ciudadana en el sistema político.

La defensa del partido

Fuerza Popular alegó que los desembolsos estaban vinculados a actividades de formación y que no existía tipicidad clara en la infracción. También cuestionó la variación de criterios de la ONPE y la falta de guías técnicas.

Sin embargo, la resolución descartó estos argumentos, señalando que la normativa es de obligatorio conocimiento y que el principio de legalidad obliga a que las infracciones estén expresamente descritas en la ley.

Implicancias de la sanción

La multa de 36 UIT y la pérdida del 50% del financiamiento público directo marcan un precedente en la fiscalización de los partidos políticos. La ONPE subraya que, en caso de reincidencia, la sanción podría escalar hasta la pérdida definitiva del financiamiento público.

Sin embargo, la organización cuenta con 30 días para regularizar la infracción, o también reducir la pérdida del FPD a 25% si paga la multa antes de la fecha límite para impugnar administrativamente la resolución y sin haber presentado este recurso.

La resolución contra Fuerza Popular envía un mensaje claro: los recursos estatales no pueden destinarse a programas académicos fuera de plazo, capacitaciones en el extranjero ni gastos accesorios, sino exclusivamente a actividades de formación y funcionamiento partidario. La sanción busca recordar que la legalidad es condición indispensable para la vida democrática.