Nuevo gobierno quiere «destrabar» proyectos mineros, pero decisión extractiva puede reactivar conflictos, alerta Observatorio.

Las promesas de desregulación se suman al crecimiento sostenido del área concesionada, que ya abarca 22.6 millones de hectáreas, el 17 % del territorio del país. Un nuevo ciclo de conflictividad social se perfila en el Perú ante la aceleración de la agenda minera impulsada por el futuro gobierno. El Observatorio de Conflictos Mineros en […] La entrada Nuevo gobierno quiere «destrabar» proyectos mineros, pero decisión extractiva puede reactivar conflictos, alerta Observatorio. se publicó primero en Diario UNO.

Fuente: Diario UNO Publicado: 5 min de lectura
Nuevo gobierno quiere «destrabar» proyectos mineros, pero decisión extractiva puede reactivar conflictos, alerta Observatorio.

Las promesas de desregulación se suman al crecimiento sostenido del área concesionada, que ya abarca 22.6 millones de hectáreas, el 17 % del territorio del país.

Un nuevo ciclo de conflictividad social se perfila en el Perú ante la aceleración de la agenda minera impulsada por el futuro gobierno.
El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) advierte que la política de promover de manera prioritaria la inversión minera, en un contexto de expansión de concesiones y aumento de proyectos, podría reactivar patrones ya observados durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), cuando el intento de sacar adelante el mayor número de proyectos mineros coincidió con un fuerte incremento de conflictos sociales en los territorios.
El informe del OCM para el primer semestre de 2026 señala que la cartera de proyectos mineros activos asciende a 67, con un valor total de 64 000 millones de dólares.
El 45.5% de estas inversiones se concentra en el sur del país, una región donde Fuerza Popular obtuvo escasa representación en la última elección presidencial.
Este desbalance entre el peso del territorio minero y la representación política es considerado por el OCM como un factor de alto riesgo: los proyectos llegan a zonas que no respaldaron electoralmente al gobierno, lo que puede generar un clima de rechazo y tensión social.
Inversiones, empleo y concesiones: cifras récord, tensiones crecientes
José De Echave, investigador de CooperAcción y exviceministro de Gestión Ambiental, advierte que el crecimiento del sector minero responde a un discurso oficial y empresarial que insiste en facilitar la inversión mediante la reducción de regulaciones y controles ambientales y sociales.
Según los datos del informe, la inversión minera en 2025 fue de 6228 millones de dólares, el nivel más alto desde 2015. En el primer trimestre de 2026, la inversión subió 43.7% respecto al mismo periodo del año anterior.
Las exportaciones mineras alcanzaron 61 849 millones de dólares en 2025 y el empleo formal en minería llegó a 262 365 puestos, la mayor cifra histórica registrada, con el 71.6% de los trabajadores bajo modalidad de contratistas.
El informe también destaca que la superficie concesionada a la minería alcanzó los 22.67 millones de hectáreas, equivalentes al 17.6% del territorio nacional, con regiones como Apurímac donde el 76.5% de la superficie está bajo concesión.
No obstante, solo una fracción de esas hectáreas está en operación efectiva, lo que alimenta el debate sobre el acaparamiento y la especulación territorial. A pesar de este auge, la recaudación fiscal minera aún no recupera los niveles previos al superciclo 2006-2011.
OCM: El peso de los 67 proyectos y los territorios bajo presión
En las regiones del norte, Marco Arana, representante de Grufides, alertó sobre la expansión de grandes proyectos mineros, como en el caso de La Granja que abarcaría territorios de la sierra y de la costa, con la extracción en Cajamarca y el pprocesamiento y depósito de relaves en Lambayeque.
Arana señaló que existe gran preocupación, en el contexto del futuro gobierno, sobre la independencia del Poder Judicial y el respeto a la autonomía de las instituciones ambientales.
Ello, dado que muchos de los casos de conflictos mineros están judicializados, como el derrame de mercurio de Choropampa, donde tras 26 años, la Corte Suprema responsabilizó a Yanacocha y RANSA y ordenó el pago de indemnizaciones a una familia afectada.
Un posible recorte de la autonomía judicial y la presión política pueden agravar el escenario de conflictividad. También señaló que la minería ilegal y la violencia asociada continúan avanzando en Cajamarca ante la debilidad institucional.
En Piura, el 23.8% del territorio regional está concesionado a la minería. David Velazco, director de Fedepaz, señala que proyectos como Río Blanco y El Algarrobo se vienen imponiendo a pesar del rechazo de la población, expresado en consultas públicas y movilizaciones de hasta 10 000 personas. Velazco advierte que las futuras autoridades buscarían reducir aún más los plazos para la aprobación de estudios de impacto ambiental, lo que debilita los controles y pone en riesgo derechos fundamentales.
Añade que se está utilizando el derecho penal para judicializar y perseguir a defensores ambientales, profundizando la criminalización de la protesta social.
En tanto, Ana Leyva, abogada especialista de CooperAcción, sostiene que el país enfrenta una etapa decisiva. En diciembre vence el plazo para el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), lo que convierte este semestre en un momento clave para definir la política frente a la minería informal, una de las primeras decisiones que deberá tomar el próximo gobierno.
¿Puede el modelo actual evitar una nueva ola de conflictos sociales?
El informe del OCM revela que la brecha entre oro producido y exportado supera las 100 toneladas, con un valor estimado de 15 000 millones de dólares, mientras la violencia y la criminalidad asociadas a la minería ilegal se intensifican en diversas regiones.
Leyva alerta que la transición hacia un marco regulatorio más permisivo, sin resolver los problemas de fondo vinculados a concesiones ociosas, fiscalización ambiental y protección de defensores, puede desembocar en un nuevo ciclo de conflictividad social de gran alcance.
El Observatorio concluye que la presión por acelerar la ejecución de todos los proyectos mineros, sin atender las advertencias sociales y ambientales, coloca al país ante el riesgo de repetir crisis ya vividas, donde la falta de diálogo y la ausencia de respuestas institucionales generaron espirales de confrontación en los territorios mineros.

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Fuente original: Diario UNO

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