MINJUSDH impulsa estrategia de deshacinamiento en centros juveniles

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), a través del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), impulsa el deshacinamiento de los centros juveniles con el objetivo de fortalecer la seguridad y la rehabilitación de cerca de 2000 adolescentes que albergan.

De acuerdo con datos de PRONACEJ, en la actualidad el 60% de los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR) del país se encuentran sobrepoblados y la cifra de ingresos ha aumentado en 4.5% respecto del año 2025.

En ese sentido, el director ejecutivo Luis Vega informó que se coordina con los magistrados del Poder Judicial para que con la participación de las Cortes Superiores de Justicia de Cusco, Arequipa, Sullana, Tumbes, Loreto, Ucayali, Piura, Huánuco y otras regiones, se puedan atender los expedientes de los jóvenes que están aptos para variar su medida socioeducativa de internación, en cumplimiento a lo establecido en el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente.

Cabe resaltar, que, para acceder a este beneficio, se debe contar con el respaldo de un informe técnico interdisciplinario del PRONACEJ que demuestre un cambio a nivel cognitivo-conductual y la viabilidad del entorno social receptor; así como se garantice su continuidad educativa.

Actualmente, más de 80 expedientes elaborados por el PRONACEJ están listos para ser evaluados por los jueces de los distritos judiciales, buscando siempre el interés superior de los adolescentes.

Por otro lado, cabe resaltar que más del 50% de los jóvenes que cumplen medidas socioeducativas de internación en los CJDR son mayores de edad, lo que genera una peligrosa “contaminación criminógena”, es decir, el contagio o asimilación de conductas delictivas que sufren los menores de edad por su interacción prolongada con individuos mayores con alto nivel de riesgo.

Dado este complejo panorama, el PRONACEJ propondrá una modificación al Decreto Legislativo N°1348 del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, para que establezca que aquellos adolescentes que hayan alcanzado la mayoría de edad y presenten un perfil criminológico de alto riesgo y un trastorno de la personalidad antisocial diagnosticados por el equipo técnico interdisciplinario del centro juvenil, puedan ser trasladados a un establecimiento penitenciario para adultos.

Asimismo, se hace un llamado al sector privado para que puedan sumarse a la red de empresas que están ofreciendo oportunidades educativas y puestos de trabajo a los jóvenes que están cumpliendo su medida socioeducativa y que demuestran una evolución favorable.