Ministro de Justicia visita penal Castro Castro para supervisar programas de reinserción y deshacinamiento

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, realizó una visita inopinada al penal Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, uno de los establecimientos más hacinados del país. El objetivo fue verificar el cumplimiento de las medidas de reinserción social de los internos, entre ellas el programa Cárceles Productivas, y supervisar las acciones destinadas a mejorar las condiciones penitenciarias.

Acompañado del nuevo presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Raúl Inga Garay, el titular del sector recorrió diversos espacios productivos donde constató el funcionamiento del programa Cárceles Productivas, iniciativa que promueve el desarrollo de habilidades laborales durante la reclusión.

Durante la supervisión, verificó los talleres de cerámica, donde 120 internos elaboran utensilios y menaje destinados a empresas y restaurantes, así como las áreas de confecciones textiles, carpintería y panadería, que constituyen una alternativa concreta de reinserción económica y social.

Como parte de su visita, el ministro visitó el pabellón 8, de Régimen Cerrado Especial, que alberga a 672 internos. En un diálogo directo, reafirmó su compromiso de conocer de primera mano la realidad penitenciaria para impulsar soluciones efectivas.

“Estamos aquí para escuchar y actuar. Sabemos que el hacinamiento afecta la dignidad y las condiciones de vida, y no podemos ser indiferentes frente a esa realidad. Nuestra tarea es mejorarla con decisiones concretas”, sostuvo.

Jiménez Borra subrayó que el sistema penitenciario debe ser un espacio de cambio y oportunidades. “El delito queda fuera cuando una persona ingresa a un penal. Aquí debe comenzar un nuevo camino, con herramientas que les permitan reinsertarse y no volver a delinquir”, enfatizó.

Frente a la problemática del hacinamiento, precisó que la construcción de nuevos penales no es una solución inmediata debido a su alto costo y al tiempo que demanda su ejecución, por lo que su gestión prioriza medidas de corto plazo.

“Estamos impulsando campañas legales para que quienes ya cumplieron los requisitos puedan egresar sin trabas. No vamos a permitir que la burocracia retrase la libertad de una persona ni que actos de corrupción distorsionen los procesos”, afirmó.

En esa línea, advirtió que cualquier acto irregular será sancionado. “No vamos a encubrir a nadie. Si hay funcionarios que condicionan trámites, serán denunciados. La transparencia no es negociable”, remarcó.

Finalmente, el ministro destacó el liderazgo del nuevo titular del INPE y convocó a la población penitenciaria a contribuir con la convivencia pacífica. “Nuestro compromiso es claro: mejorar las condiciones y fortalecer los talleres productivos. Pero también necesitamos de su colaboración para mantener el orden y avanzar hacia un sistema más humano y eficiente”, concluyó.