Los corruptos celebran

El daño irreparable que causará la ley que cambia la colaboración eficaz en el Perú ha sido expuesto de manera clara y contundente por la procuradora del caso Lava Jato, Silvana Carrión. Otra más de este Congreso de la República en el que pareciera que las bancadas, sin distingo de ideologías, se coluden para traerse abajo la institucionalidad y nuestra democracia.

En declaraciones a Perú21, Carrión señaló que 54 procesos de colaboración que están en curso por diversos casos, como Lava Jato, Línea Amarilla, Gasoducto del Sur y Club de la Construcción, podrían desmoronarse si la norma es finalmente promulgada por el Ejecutivo.

Las razones son sencillas: primero, porque entra en vigencia de manera inmediata alcanzando a trámites en marcha y en segundo lugar porque aquellos expedientes de colaboración que ya llevan 4 o 5 meses, tendrán como plazo máximo solo tres meses más para ser cerrados.

Tratándose de organizaciones criminales, la corroboración de lo que dicen los delatores se torna por lo general complicada y 8 meses no son suficientes, sobre todo en casos complejos que demandan cruces de información y cotejo de documentos con declaraciones de testigos para desentrañar la madeja del crimen. Peor aún si la intromisión de poderes políticos e intereses económicos interfieren con los avances de las investigaciones.

En las bancadas promotoras hay claros conflictos de interés, pues en el fondo lo que buscan es la impunidad de sus líderes o de los propios congresistas que han votado a favor, para librarse de graves acusaciones en su contra, en la mayoría de los casos por corrupción y similares.

El Gobierno está obligado observar la autógrafa sí o sí. Y si después de observarla los parlamentarios insisten, debería apelar al Tribunal Constitucional, pues de lo contrario estaría siendo cómplice de las maniobras de quienes pretenden debilitar el sistema jurídico del país con tal de favorecerse ellos mismos.

Una vez más el Congreso levanta las banderas del delito en contra de los intereses de la ley y, por supuesto, del país.