Llamado a la acción

Hartos de la inacción del Gobierno para controlar la escalada criminal que azota al país y afecta a los negocios y emprendimientos, los gremios de trabajadores y empresarios del Perú se unieron para emitir un nuevo pronunciamiento público. En la conferencia que ofrecieron acusaron directamente a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y a su ministro del Interior, Víctor Torres, de no liderar la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.

No es la primera vez que se unen estos grandes motores de la economía: empresarios, trabajadores y constructores. Y en buena hora que lo hayan hecho, es justamente este tipo de iniciativas las que el país necesita en estos momentos. Un colectivo ciudadano que ya alzó la voz a fines del año pasado y esta vez vuelve a la carga, pues, según relató el presidente de Capeco, el Ministerio del Interior ni siquiera se tomó la molestia de convocarlos para escuchar sus propuestas u observaciones.

En el Mininter se actúa con tal desdén que es como si les resbalara lo que se pierde en extorsiones e inversiones, por la erosión de la confianza en quienes son los llamados a velar por la seguridad pública y el temor al crimen que se extiende en el país.

El presidente de la Confiep, Alfonso Bustamente, dijo que “no existe una política de Estado para contrarrestar” la criminalidad. Y no la hay, pues, como él mismo señaló, medidas populistas como estados de emergencia no han servido para nada.

El colectivo no se limitó, digamos, a quejarse de la situación actual. Además de su protesta, presentaron planteamientos concretos. La idea de contribuir con recursos propios para equipar por ejemplo los sistemas de seguridad –cámaras de videovigilancia, construcción o remodelación de comisarías– a través de programas como los de Obras por Impuestos, no es nada desdeñable.

Asimismo, se propuso la donación de equipos para reforzar el monitoreo, la vigilancia y el seguimiento de la data en las oficinas de criminalística de la PNP, cosa que sería un valioso aporte, sobre todo, si finalmente hicieran caso a los especialistas sobre la formación de una unidad de inteligencia dedicada a combatir a las bandas y redes delictivas de gran escala que operan en el Perú.

Es casi un crimen –que se añade a lo que día a día viven los ciudadanos– que el Ejecutivo se niegue a escuchar estas voces, más que autorizadas, de la sociedad civil.